A pesar del...

Escandalosa economía en un fallo judicial

El escándalo deriva de que el juez se atrevió a pronunciar afirmaciones que son ciertas

Hace unos meses, el fallo del juzgado mercantil número 2 de Barcelona, que desestimó la demanda de Just Eat contra Glovo por competencia desleal, provocó la indignación del pensamiento único. Yolanda Díaz manifestó su inquietud por «la Justicia radicalizada», aludiendo a Álvaro Lobato, que, según El País, es un «juez que cuela doctrina económica en los fallos», que según sus colegas es «un ultraliberal de formación muy estadounidense y un poco provocador», y que, en palabras de eldiario.es «difunde ideología antisindical».

El esfuerzo retórico en la descalificación me animó a revisar los argumentos del juez, que no solo concluyó que Glovo actuó dentro de la legalidad con su modelo de los (mal) llamados «falsos autónomos», sino que planteó la tesis muy radical, provocadora y extremista, de que el pueblo debe ser libre.

Leí sus palabras en Expansión: «¿Cuál es la razón por la que no se permite elegir a los trabajadores el modo de prestar su servicio en la plataforma? No hay nadie más indicado que los propios afectados para decidir lo que mejor les conviene... excepto algún iluminado y omnisciente burócrata que parece gozar de un privilegiado acceso a la verdad».

Añadió algo que también escandalizó al progrerío: el mundo está cambiando, el reparto de comida a domicilio es un negocio «innovador» y tecnológicamente avanzado, y nuestro marco laboral es «controvertido y obsoleto». A estas obviedades añadió lo peor para la izquierda: el modelo de Glovo «resulta mucho más eficiente para atender una demanda oscilante», y además: «Muchos trabajadores prefieren el régimen de trabajo autónomo porque les permite prestar el servicio a su conveniencia en una u otra plataforma, en uno u otro lugar o durante el tiempo que deseen». Por fin, calificó de acoso la actitud de la Inspección de Trabajo, cuyas actas fueron «sistemáticamente revocadas». Dicha inspección ha reclamado medidas disciplinarias contra Lobato, cuyos análisis son correctos.

El escándalo deriva de que el juez se atrevió a pronunciar afirmaciones que son ciertas, y para colmo a denunciar a políticos, burócratas y sindicalistas por su posición antiliberal y contraria tanto a las empresas como a los trabajadores. Dijo que la actitud de dichos antiliberales «pone de manifiesto un afán voluntarista que evidencia un sesgo extraordinariamente arraigado: el anhelo de un mundo completamente administrado: con sinceridad, no puedo compartir ese criterio». Bravo.