Estado de las «desautonomías»

Recoge el artículo 138 de la Constitución española que «el Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular». Y añade que «las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales». Si no fuera porque estamos seguros de que se corresponde con la Carta Magna que nos dimos en 1978, tendríamos la tentación de pensar que se trata de un retrato de un país muy alejado de la España de 2025. El derecho pasa por ser un deseo, un ideal hacia el que encaminarse, pero cuando la realidad se distancia tanto de lo que recogen las leyes, es hora de pararse a reflexionar qué ocurre.

Hace unas semanas las palabras del alcalde de Bilbao, aquello de «no queremos convertirnos en ningún pueblo del sur del Estado», desataron la indignación de un buen número de ciudadanos. Más allá de la descripción que arroja sobre quien las pronuncia y del aroma xenófobo que destilan, comentarios como éste se producen en una coyuntura en la que las relaciones entre comunidades en España se enfrentan a una tensión permanente. Cualquier tema o asunto deriva en un pulso de competencias e intereses irreconciliables (o aparentemente irreconciliables, como borrando décadas de convivencia y cooperación). Ya sea por circunstancias excepcionales, como los incendios, o por otras ya estructurales, como la inmigración o la financiación (ahora esa quita de la deuda), la colisión constante retrata una España ingobernable en la que el pulso partidista paraliza la gestión y resolución de las crisis. ¿Cómo salir del bucle de pugna ya casi estructural? Podemos volver, a modo de recordatorio, al principio de esta columna: recoge el artículo 138 de la Constitución española...