Estado policial-fiscal

Mientras España avanza hacia un modelo de control fiscal cada vez más invasivo, Argentina emprende la senda opuesta: desmontar el Estado policial tributario. El gobierno de Javier Milei ha ordenado a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que cese la fiscalización de operaciones bancarias menores a ciertos umbrales: transferencias inferiores a 37.000 euros o reintegros en efectivo por debajo de 7.000 euros. El objetivo es claro: dejar de perseguir al ciudadano común por cada transacción cotidiana.

En contraste, el Gobierno español continúa intensificando el cerco fiscal sobre los ciudadanos. Las entidades bancarias deben notificar a Hacienda cualquier ingreso en efectivo superior a 1.000 euros o cualquier importe si se utilizan billetes de 500. Además, están obligadas a informar de cualquier transferencia que supere los 3.000 euros. Pero la cosa no quedará aquí: a partir de 2026, la Agencia Tributaria tendrá acceso completo a todas las transferencias realizadas mediante Bizum, por insignificantes que sean: el importe medio ronda los 53 euros. El Estado no quiere que escapes, ni siquiera cuando le transfieres a tu sobrino la paga semanal.

¿Con qué finalidad? Para controlar, fiscalizar y, llegado el caso, sancionar. Toda transferencia entre particulares puede ser una donación o un ingreso sujeto a tributación. Si el ciudadano no la declara, Hacienda puede considerarlo fraude. Y lo peor no es la exigencia tributaria en sí, sino la arbitrariedad con la que se puede aplicar: se fiscaliza al que interesa, y se deja en paz al que conviene.

Este aumento del control estatal, por cierto, se ve facilitado por la progresiva desaparición del dinero en efectivo. Cada transacción electrónica deja un rastro susceptible de ser analizado y utilizado en contra del ciudadano. Basta con que el Estado ordene a los bancos compartir esa información para que Hacienda pueda cruzar todos los datos y ajustar cuentas. Un argumento clave para la preservación del efectivo o de activos (como Bitcoin) que el Estado sea incapaz de controlar.

¿Y por qué estas trayectorias tan divergentes entre España y Argentina? Por convicción y por necesidad. El gobierno libertario argentino busca reducir el poder del Estado. Además, ha alcanzado el equilibrio presupuestario y no necesita exprimir más al contribuyente. En cambio, el gobierno español, socialdemócrata y deficitario, requiere más recursos para mantener –y expandir– su estructura estatal. El resultado es evidente: mientras Argentina avanza hacia la libertad, España profundiza en la servidumbre fiscal. Allí desmontan el Leviatán. Aquí, lo alimentamos.