Tras el éxito con la Vuelta, a por la vivienda

A menos que el señorito esté pensando en intensificar el follón con Israel, ya sea promoviendo un programa nuclear propio, rompiendo relaciones diplomáticas o desplegando a la Legión en la Franja, damos por conseguido el éxito de la operación Vuelta a España y podemos ocuparnos de los otros problemas acuciantes para la sociedad española. Por ejemplo, la vivienda, cuyo precio no deja de crecer y no parece que podamos hablar de una «burbuja inmobiliaria», como la que reventó en la época de Zapatero, cuando los bancos, esos a los que tuvimos que rescatar, concedían hipotecas tan generosas que daban para comprarse un BMW; los ejecutivos de las grandes empresas tiraban de visa corporativa en los restaurantes de lujo, «ponnos otra de Tinto Valbuena», y un solador ganaba más que un catedrático de Derecho. No. Hoy la banca se ha puesto exquisita y junto con las dos nóminas, el aval de los padres y unos seguros de vida a costa del cliente exigen una entrada «generosa», que lo de comprometerte a pagar intereses hasta que tus nietos entren en la Universidad, o sean influencers, que uno ya no sabe qué es mejor, no les parece suficiente, que los hay que no pagan y con las leyes que ha puesto el señorito lo del desahucio no es una opción.

Y así, en la España que-va-como-un-cohete resulta que hay gentes cuya máxima aspiración es a un cuarto con derecho a cocina y que en las grandes ciudades se tiene que destinar hasta el 70 por ciento del salario para pagar un piso de alquiler. Por supuesto, el señorito es consciente del problema y no deja de anunciar nuevos planes de viviendas públicas o de ayudas al alquiler, tantos, que es muy difícil seguirle el ritmo a la propaganda. Lo último, un mix de subvención al alquiler de VPO con derecho a compra para menores de 35 que, como ha dicho el diputado Gabriel Rufián, que sigue siendo de ERC, supone seguir estimulando la demanda con dinero público, que va siempre a las manos de los malvados constructores. Rufián ofrece una solución marxista, la de joder el libre mercado y la propiedad privada, que les ahorro porque ya se ha probado en media Europa y siempre fracasa y no me gustaría contribuir a la confusión.

Pero hay que entender la impotencia del señorito, porque desde que el PSOE llevó al Constitucional, y ganó, el intento legislativo de José María Aznar de revertir una parte del urbanismo al Estado, el Gobierno de la Nación poco tiene que hacer frente a las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias. Podría, eso sí, rebajar las condiciones medioambientales, reducir la carga fiscal a la construcción de viviendas de primera residencia, estimular la inversión en el mercado inmobiliario y, también, pedirle a sus «mareas» que dejen de llevar al juzgado la promoción de pisos, que nos metimos en 30 años para empezar lo de Madrid Norte.

Por otra parte, tampoco es cuestión de agobiar al señorito, que bastantes problemas tiene en casa como para preocuparse de los demás, porque los gobiernos autonómicos, al menos los del PP, están trabajando en ello. En Madrid, por ejemplo, está en marcha o en proyectos muy avanzados la construcción de 358.000 viviendas. Sólo falta que la economía que-va-como-un-cohete mejore y se vuelvan a pagar sueldos decentes.