Es cierto que la tentación de la izquierda política y mediática de politizar la catástrofe provocada la DANA era muy grande y lo hizo en un primer momento. Era un intento desesperado por desviar la atención de la descomposición del sanchismo, los problemas judiciales de la familia presidencial, la corrupción sistémica del PSOE, la debilidad parlamentaria y las exigencias de sus socios y los graves problemas de credibilidad en Sumar por el escándalo machista de Iñigo Errejón, que tuvo que dimitir como portavoz en el Congreso y renunciar a su escaño. No les importaba, en cambio, el lamentable espectáculo de una mayoría parlamentaria que impuso que el Congreso siguiera con su labor, cuando se conocía que había más de cincuenta muertos y que la cifra podía ser enorme, para aprobar el lamentable decretazo sobre RTVE que convertirá el ente público en un descarado instrumento al servicio del sanchismo. Es uno de los mayores escándalos protagonizados por Sánchez y que en cualquier país de la Unión Europea comportaría una reacción contundente y demoledora de los periodistas y los medios de comunicación ante un ataque brutal a la independencia de un organismo público. Nos hemos acostumbrado a que no tenga límites en sus ataques al Estado de Derecho y la separación de poderes.

No son opiniones, sino datos objetivos de una realidad que dura demasiado tiempo. Es una lástima que no haya aprendido nada de Zapatero que cumplió con el espíritu de la Constitución y nombró a Luis Fernández y Alberto Oliart, que eran independientes, al frente de RTVE. Es lo mismo que impulsó en el CGPJ con Carlos Dívar y en otras instituciones y organismos. Le podemos criticar por otras cosas, pero en este ámbito tomó decisiones que deberían ser de obligado cumplimiento. Sánchez ha preferido el clientelismo, el control partidista y acabar con el mérito y la capacidad. Una vez más nos encontramos frente a una realidad fácil de constatar con datos objetivos. España cuenta con unos cuerpos de funcionarios que se encuentran entre los mejores del mundo, pero los cuadros políticos que los dirigen no tienen, salvo alguna excepción, ni su cualificación ni experiencia. Están sometidos a la arbitrariedad, la ineficacia y el partidismo.

Las palabras de Sánchez asumiendo que su respuesta fue «insuficiente» ante la catástrofe, pero descartando la aplicación del estado de alarma para tomar el mando, pone en una situación difícil a la izquierda política y mediática. A esto hay que añadir los datos que ofreció ese mismo día por la AEMET y sus portavoces o la radio y la televisión públicas que son el canal temático del PSOE. En ningún momento se alertó sobre lo que llegaba. Esto son datos objetivos al margen de cualquier posible interpretación. Otras críticas disparatadas fueron contra Feijóo, ya que la pieza a cazar no es Mazón. Se ha llegado a decir que hacia turismo de catástrofes. Es el líder del partido más importante de España y, representa, a millones de españoles. El PP gobierna la Comunidad Valenciana, pero, aunque no fuera así, es lógico que se desplace al lugar de la catástrofe. Los serviles sanchistas deben pensar que solo pueden acudir Sánchez y sus ministros. Ahora resulta que unos van a por la foto, lo cual es mentira, y los otros son probos servidores públicos, aunque sin experiencia y formación. Es una falta de respeto personal e institucional inaceptable.

El disparate llega al extremo de criticar al presidente valenciano por haber extinguido un chiringuito, denominado unidad de emergencias, que no tenía ni presupuesto ni personal, que había creado el gobierno de izquierdas de Ximo Puig. Es cierto que a la izquierda le gustan mucho los chiringuitos públicos para colocar amiguetes en los que ganan unos sueldos que nunca percibirían en su vida profesional. Es lo mismo que sucede con su tendencia irrefrenable a crear redes clientelares y despachos dedicados al lobby en la peor de sus acepciones. Como muchos no son abogados o economistas tienen que camuflarlos con el nombre genérico de consultoría que no precisa de ninguna titulación. Lo único importante es tener una agenda con teléfonos de altos cargos y amiguetes bien situados en las covachuelas del poder.

Los nuevos expertos en catástrofes habían decidido que tenían un 11-M sobre la mesa con el que atacar al PP. Entonces fue una enorme manipulación de la izquierda, como sucedió también con la moción de censura, pero ahora es, también, una gran indignidad. La utilización del atentado yihadista les fue útil políticamente, pero sentó las bases de una enorme crispación que no existía hasta ese momento. La falta de objetividad ante lo que ha sucedido y cuando es prematuro emprender una caza de brujas, que muestra la Historia que fueron horribles mentiras que provocaron horror y muertes, hace inexplicable estos comportamientos tan sectarios como deleznables. Sánchez se ha dado cuenta de que tenía que cortar de raíz la campaña emprendida por sus fieles seguidores. Es cierto que ahora hay que dejar de lado las ideologías y actuar unidos ante la tragedia. No hay que entrar en disquisiciones competenciales o búsquedas de protagonismo. El Gobierno tiene que aportar todos los recursos necesarios e incluso si no se los piden, que no es así, ofrecerlos como hizo acertadamente la ministra de Defensa. Margarita Robles acertó, porque las Fuerzas Armadas tienen la capacidad, la experiencia y los medios para actuar con eficacia en una catástrofe de esta magnitud. Por tanto, algunos políticos, periodistas y medios de comunicación deberían sentir vergüenza por lo que han dicho o escrito estos días. No todo vale para ayudar a Sánchez y atacar a Feijóo. En cualquier caso, este triste paréntesis no impedirá que la Justicia siga defendiendo el imperio de la ley, que la oposición cumpla con su función y que los medios que no están sometidos al Gobierno sigamos informando.

Francisco Marhuenda es catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)