El Futuro de la Universidad Española: Entre la Transformación Digital y los Retos Estructurales

El Sistema Universitario Español muestra avances en diferentes indicadores, aunque el ritmo es relativamente lento. En un contexto global de aceleración tecnológica, incertidumbre económica y cambios sociales, las universidades españolas deben reinventarse para seguir siendo relevantes, inclusivas y competitivas. El panorama es complejo, pero lleno de oportunidades.

La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), aprobada en 2023, introduce reformas que inciden en diversos aspectos entre los que cabe destacar la gobernanza, la estabilidad del profesorado, la financiación o la inclusión y equidad. Paralelamente, el gobierno ha iniciado un proyecto de Real Decreto que endurece los requisitos para el reconocimiento de nuevas universidades, con el fin de garantizar estándares mínimos de calidad.

Aunque la LOSU representa un paso hacia la modernización y la convergencia con sistemas universitarios internacionales, no es lo suficientemente ambiciosa para transformar profundamente el sistema, principalmente en lo que a gobernanza se refiere. La Ley no resuelve el desequilibrio entre la autonomía de las universidades, la capacidad de gestión y la rendición de cuentas. Parece difícil que esta ley sea suficiente para transformar las estructuras rígidas y poco eficientes existentes en algunas universidades, para eliminar la concentración de poder en manos de pequeños grupos o para modificar las dinámicas de clientelismo y resistencia al cambio presente en otras. Aspectos que dificultan el buen gobierno y la toma de decisiones estratégicas. Tampoco está claro cómo puede reducir o eliminar la endogamia existente, que limita la diversidad de ideas y enfoques, y perpetúa redes de poder que dificultan la renovación del sistema.

El proyecto de Real Decreto plantea requisitos más estrictos para la autorización de nuevas universidades e incluye algunas exigencias controvertidas, que podrían excluir a centros de calidad de menor tamaño del requerido, algo que debería ser analizado durante su tramitación. En otro caso, deberán funcionar como centros adscritos a otras universidades. A pesar de las controversias, estas medidas garantizan un mínimo de calidad de las universidades, algo fundamental en universidades expenden títulos que acreditan para el ejercicio profesional.

Frente a estos retos, la universidad debe definir prioridades estratégicas que le permitan avanzar hacia una universidad del siglo XXI. Según la Fundación CYD, estas prioridades incluyen: mayor inversión, atracción de talento, empleabilidad, transferencia de conocimiento, internacionalización, acceso y equidad, y transformación digital. Estas líneas de acción buscan responder a las demandas sociales y laborales, y alinearse con los estándares europeos de excelencia.

Uno de los desafíos más urgentes es la transformación digital. La irrupción de la inteligencia artificial generativa obliga a replantear métodos de enseñanza, evaluación y gestión del conocimiento. Esto requiere inversión en infraestructura tecnológica, formación docente y rediseño curricular para preparar a los estudiantes para un entorno laboral dominado por la IA.

La infrafinanciación es un problema persistente. Aunque se han producido avances, la inversión pública en educación superior sigue por debajo de la media de la OCDE, lo que limita la capacidad de innovación, atracción de talento y mantenimiento de infraestructuras de calidad. Además, el envejecimiento del profesorado exige mayor financiación dedicada a políticas de contratación y estabilización que garanticen el relevo generacional y reduzcan la precariedad de los jóvenes investigadores.

La internacionalización es clave para mejorar la calidad y visibilidad del sistema. Atraer estudiantes y profesores extranjeros, participar en redes de investigación y ofrecer titulaciones conjuntas con universidades de prestigio son estrategias fundamentales para enriquecer el entorno académico, atraer talento y fomentar diversidad de ideas.

La empleabilidad de los egresados sigue siendo una asignatura pendiente. La desconexión entre formación y mercado laboral exige una mayor orientación hacia titulaciones más demandadas, como las titulaciones STEM, y una revisión de los planes de estudio. También se requiere mayor colaboración con el tejido empresarial y el fomento de competencias transversales como el pensamiento crítico, la creatividad o la adaptabilidad. Es preocupante que uno de cada tres universitarios trabaje en puestos que no requieren titulación superior, lo que plantea la necesidad de repensar la relación entre formación profesional y educación universitaria.

La universidad del futuro debe ser, más inclusiva, sostenible y comprometida socialmente. La equidad en el acceso, la diversidad en el aula y la sostenibilidad ambiental deben integrarse en la misión institucional. Es esencial fomentar la igualdad de oportunidades, incluir contenidos sobre sostenibilidad en los planes de estudio y promover la participación estudiantil en proyectos de impacto social. La universidad debe formar no solo profesionales, sino también ciudadanos comprometidos con el bien común.

En cuanto a la transferencia de conocimiento, el reto es garantizar que la producción científica tenga impacto real en la sociedad y en la economía. Deben explorarse nuevas vías de transferencia y revisar los criterios de evaluación del profesorado para reconocer el impacto social y económico de la investigación. El futuro de la universidad española está lleno de desafíos, pero también de oportunidades. La digitalización, la inteligencia artificial, la internacionalización y la sostenibilidad no son amenazas, sino palancas de cambio. Para lograrlo, será necesario un compromiso colectivo: de los gobiernos, garantizando una financiación adecuada y un marco normativo flexible; de las universidades, innovando y abriéndose al mundo; y de la sociedad, valorando el papel de la universidad en el desarrollo del país. El reto es encontrar un equilibrio entre excelencia académica, accesibilidad y sostenibilidad económica, sin perder de vista su función pública y su compromiso con el bien común.

Jaime Domínguez Abascal es catedrático de la Universidad de Sevilla. Real Academia de Ingeniería.