Bonus Track
Guerra
El agresivo escenario bananero en que nos han situado resulta, por tanto, peligrosamente inestable
Al comienzo del «lawfare», estaba Bertín Osborne. En 1985, la Audiencia Territorial de Sevilla suspendió la demolición de su chalet, que previamente había ordenado el Ayuntamiento de Jerez, del que fuera alcalde Pedro Pacheco (Partido Andalucista). Al conocer la sentencia, Pacheco se pronunció: «La gente dirá que la justicia es un cachondeo, y yo tengo que darles la razón», luego pidió que se investigaran «complacencias y connivencias» entre los magistrados y los abogados defensores del señor Osborne. Sus palabras le costaron una condena a dos meses de arresto mayor, multa de 16 días e inhabilitación absoluta para ejercer cargo público durante seis años y un día, por un delito de «desacato». Aunque, finalmente, fue absuelto por el Supremo (1988) que resolvió a favor de «la libertad de expresión» del político, que fuera alcalde durante 24 años. Lo condenaron, sin embargo, por otros delitos (prevaricación, fraude a la Administración…) y estuvo en la cárcel varios años.
En los años 80, poner en entredicho la integridad de los miembros de la judicatura conllevaba serios reproches penales, capaces de hundir la carrera de un político. No cabía imaginar a un alcalde, ministro…, ¡no digamos a un presidente de gobierno!, cuestionando la probidad de los jueces. Pero los tiempos cambian. Mejor dicho: cambian las personas, los intereses.
El escenario es «radicalmente» distinto cuatro décadas después. Ahora, el Ejecutivo y el Legislativo han emprendido una feroz ofensiva contra el Judicial extendiendo la especie de que existe «lawfare», esto es: que en España no impera la ley, sino el interés espurio de unos jueces que, por tanto, serían completamente corruptos, por lo que habría que desobedecer sus sentencias (así se hará tras la famosa ley de Amnistía prevista). Afirmaciones tales, en boca de un presidente del Gobierno, son una auténtica declaración de guerra al único poder del Estado que escapa al control del Gobierno. El agresivo escenario bananero en que nos han situado resulta, por tanto, peligrosamente inestable. Lo único seguro –me permito parafrasear a Bolívar– es que será difícil hacer justicia a quien ofende a la justicia.
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