El ambigú

Independencia judicial: garantía ciudadana

La independencia judicial ha sido siempre un baluarte frente a los intentos de injerencia política

La reciente propuesta para reformar el ingreso en la carrera judicial ha suscitado un intenso debate. En mi opinión, por encima de la pretendida modernización y democratización del acceso, late una gran desconfianza hacia los jueces españoles. Este contexto plantea serias preguntas sobre si el verdadero objetivo es fomentar la excelencia o buscar algún tipo de control sobre el poder judicial, que no sea el ya existente, sometimiento exclusivo a la ley, independencia en su ejercicio, imparcialidad en su actividad e integridad en su comportamiento. La independencia judicial no significa que los jueces sean superiores a la ley, sino que están sometidos solo a ella. Desde el ámbito político proponente se cuestiona el actual sistema de selección para acceder a la judicatura española considerándolo «elitista», algo que dista mucho de la realidad. En términos económicos, preparar las oposiciones a juez es, de hecho, más accesible que muchos de los másteres que se ofrecen como requisito para acceder a otras profesiones; la preparación de oposiciones, aunque exigente, requiere principalmente esfuerzo y dedicación y no recursos económicos desmesurados. Además, este sistema ha demostrado ser uno de los más efectivos para seleccionar a los mejores candidatos en base a sus méritos y capacidades, garantizando que quienes accedan a la judicatura estén debidamente preparados para enfrentar los complejos retos que implica su labor. El conocimiento profundo de la ley, la capacidad analítica y la solidez jurídica son pilares fundamentales para impartir justicia en una sociedad democrática. El trasfondo de esta reforma parece estar menos vinculado a la supuesta búsqueda de la excelencia y más relacionado con una creciente desconfianza hacia los jueces. La independencia judicial ha sido históricamente un baluarte frente a los intentos de injerencia política, algo que no parece compatible con ciertos intereses propios de un poder ejecutivo molesto ante los contrapoderes esenciales en un sistema democrático. La deseable imposibilidad de controlar políticamente las decisiones judiciales ha llevado a algunos sectores a promover cambios que podrían socavar esa independencia. Introducir nuevas vías de acceso, menos exigentes o más dependientes de procesos discrecionales, abre la puerta a una politización encubierta de la justicia, favoreciendo perfiles menos comprometidos con su independencia. En contra de lo que se dice, el sistema actual no es elitista. Su diseño permite a cualquier persona, independientemente de su situación económica, acceder a la judicatura siempre que tenga la capacidad y la dedicación necesarias. La oposición garantiza que los seleccionados sean los más preparados, un aspecto crucial en un Estado de Derecho. Relajar estos estándares, en nombre de una falsa democratización, corre el riesgo de devaluar la calidad de la justicia. El debate debería centrarse, no en desmantelar un sistema meritocrático que ha demostrado su eficacia, sino en abordar los verdaderos problemas estructurales que enfrenta la justicia: la sobrecarga de trabajo, la falta de recursos y la modernización tecnológica. Reformar el acceso sin atender estos desafíos es abordar el problema alejándose de su solución, dejando intactas las verdaderas causas del malestar en el sistema judicial. Una reforma del acceso a la carrera judicial no puede ir nunca en contra de los principios de independencia y excelencia que deben regirla. Si el objetivo es fortalecer la justicia, las soluciones deben ir en la línea de reforzar la meritocracia, garantizar los recursos necesarios para afrontar la preparación de la oposición y proteger la independencia de los jueces frente a injerencias externas. Cualquier reforma que pretenda sustituir estos valores por un sistema más vulnerable al control político, no solo traiciona el espíritu de la democracia, sino que compromete la confianza de la ciudadanía en uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho. «Una judicatura independiente es el último baluarte contra la tiranía», Alexander Hamilton.