Jueces buenos, jueces malos

La prensa tiene su ideología, algo natural y deseable pues contribuye a la formación de la opinión pública. Distinta es la que ejerce de portavoz de un régimen como lo fue el soviético Pravda, el cubano Granma o, durante el franquismo, Arriba. Ahora, El País ha evolucionado de medio de izquierdas a diario oficial de un venidero nuevo régimen y un ejemplo de esa mutación es su actitud en la crisis institucional que padecemos.

Recientemente informaba de las concentraciones, movilizaciones y declaraciones de los jueces en defensa del Estado de Derecho, la separación de poderes y la independencia judicial. El País ve una «conjura de togas», a jueces enfrentados a gobierno y parlamento, algo «inédito en la reciente etapa democrática». Como son lo mismo, entiendo que lo que dice El País es el sentir del poder político dirigente, luego ambos manipulan e instruyen sobre quiénes son los jueces buenos y los malos de esta historia; y llevado de ese sectarismo simplón, obviamente buenos son los jueces progresistas y malos, obvio también, los jueces conservadores. Los progresistas quedan en esa nebulosa anónima y los malos bien señalados: es la Asociación Profesional de la Magistratura, la APM, y para facilitarle el trabajo a inminentes comisiones de investigación, inserta fotos de los que considera más significados.

Hasta aquí nada nuevo en la deriva de El País. Ahora, ascendiendo por el monte de la hipocresía, ve una amenaza fascista en esos jueces malos que defienden algo tan reprobable como la Constitución y el imperio de la ley. En su escalada llega a cotas tan altas en las que apenas hay oxígeno: arma su relato y apoya su diktat moral dando la palabra a esos jueces buenos, progresistas, para que nos aleccionen al resto, a los malos o conservadores; unos buenos jueces bien dispuestos a ponerse como ejemplo y nos dicen que, si queremos ser de los buenos, debemos respetar las leyes, aunque no nos gusten.

¿Y quiénes son esos jueces buenos? Pues habrá que recordar que el progresismo judicial vino de la Italia de la Guerra Fría. Allí votaban a los democristianos tapándose la nariz porque la alternativa era el comunismo. Los comunistas ni gobernaban ni legislaban, pero encontraron su espacio donde se aplican e interpretan las leyes: en la Justicia. Surgió así el uso alternativo del Derecho liderado por la Magistratura Democrática formada por unos jueces que, siguiendo el simplismo de El País, serían nuestros «buenos». Y esto se importó a España.

Tras la Constitución, todos los jueces formamos la APM, asociación única y profesional, reflejo de una judicatura mayoritariamente conservadora como lo mostró la única vez que elegimos al Consejo General del Poder Judicial. Esa tendencia hizo que los importadores del modelo italiano acabasen escindiéndose en Jueces para la Democracia. De perfil izquierdista, era insobornable, lo que generó la desconfianza del gobierno socialista, que inspiró una tercera asociación presentada como centrista y el efecto fue que en el imaginario ciudadano los jueces éramos de derechas, de izquierdas o de centro, según la asociación. Los no afiliados –lo recuerda El País– se identifican mayoritariamente con la APM y así llega a su axioma: la Justicia es conservadora, luego mala porque obstaculiza el advenimiento del régimen postconstitucional.

Entre los progresistas hay jueces profesionales, identificados con una izquierda leal, constitucional. Y los hay que sin pudor ejercen de brazo togado de la mayoría parlamentaria que saca de entre ellos candidatos al Consejo, Tribunal Constitucional o Ministerios. No son juristas sino expertos en la argumentación, hábiles sofistas que retuercen las normas para hacerlas decir lo que interesa a ese cártel del que forman parte. Da lo mismo que sean cincuenta o quinientos: su fuerza está en ejercer de jueces de confianza del conglomerado político, ideológico y mediático que se autodenomina progresista.

El País me trae al fresco, lo insoportable son las prédicas de esos jueces activistas a los que da voz, que aplaudieron la moción de censura que propició, además, la sentencia de uno de ellos; unos activistas que desde esa identificación política toman posición en leyes e iniciativas políticas ajenas a los intereses profesionales de los jueces. Así, en su día apoyaron la ley del aborto, esa que tres de sus miembros han declarado constitucional, por supuesto, con imparcialidad y sin prejuicio ideológico.

Tras ser amonestados, obedientemente han ido asumiendo un papelón que les aleja de la masa de jueces que claman por la independencia judicial. El País da fe de su vuelta al redil, como lo demuestra uno de sus dirigentes, llamado a sostener que la malversación que se amnistiará es ajena a la corrupción. Ajenos ya a la honradez intelectual de sus mayores, si quieren ejercer de políticos con toga les brindo el consejo de un político, pero de verdad, Tarradellas: «en política se puede hacer de todo, menos el ridículo».

José Luis Requeroes magistrado.