Los juristas de cámara del sanchismo

La batalla jurídica contra la amnistía es muy trascendente. No es algo baladí. Es necesario defender el Estado de Derecho y la separación de poderes. No es la primera vez que el poder político utiliza el ordenamiento legal de una democracia para imponer leyes que atentan contra la Constitución. Ha sucedido otras veces y volverá a suceder. No hay que sorprenderse porque existan juristas de cámara que lo validen. A la hora de plantearme si es posible evitar este tipo de procesos, el catedrático alemán Bernd Rüthers escribió que es necesario contar con «una generación de juristas que se sienta vinculada al orden democrático de libertades, que sepa de la dimensión política de su profesión y que ponga sus herramientas teóricas al servicio de la Constitución y para su defensa» (Derecho degenerado. Marcial Pons, 2016, pág. 49). Tras las últimas actuaciones del Tribunal Constitucional, como sucede con los ERE, nada podemos esperar de quienes están perpetrando una escandalosa mutación constitucional. Una vez más nos encontramos con el uso alternativo del Derecho para ponerlo al servicio de los intereses partidistas del poder político.

Es la única conclusión posible tras constatar una pertinaz e inaceptable voluntad de orillar sistemáticamente al Supremo. Un grupo de brillantes juristas, con la participación decisiva de Hugo Preuss, elaboró la Constitución de Weimar, pero, unos años después, otros ayudaron a demolerla. Es un documento muy interesante que ha tenido una influencia notable en el constitucionalismo contemporáneo. Esos juristas de cámara se sometieron al poder y no sirvieron al pueblo alemán. El sanchismo se siente incómodo con la separación de poderes, ya que considera que el Poder Legislativo tiene que ser una mera correa de transmisión de la voluntad del gobierno de izquierda radical y sus aliados. Por su parte, el Judicial debería abrazar una «justicia popular» sometida a la soberanía, dicho irónicamente, del Congreso de los Diputados. El papel de la oposición debería limitarse a formar parte del paisaje. Han convertido el Constitucional en un órgano político con una mayoría de magistrados progresistas al servicio de la demolición de la arquitectura constitucional como se ha comprobado en las últimas y polémicas sentencias. Afortunadamente formamos parte de la UE. El temor ante el «Informe sobre la situación del Estado de Derecho» explica que se haya alcanzado un acuerdo sobre el CGPJ.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)