Mejor expropiar que construir, esa es la idea

El gobierno socialista portugués ha tenido una idea genial para solucionar el acuciante problema de la vivienda: transferir la responsabilidad a los propietarios de pisos, a los municipios, a las asociaciones profesionales y a la Iglesia. El instrumento se llama «alquiler coercitivo» y viene a decir que si no pones en el mercado los inmuebles que estén sin ocupar, viene el Gobierno y los alquila por su cuenta y en el precio topado por el programa «Puerta 65». Si lo haces voluntariamente, te ofrecen incentivos fiscales, –como en España con las multas de Tráfico, que si tragas sin rechistar, se reduce el importe a la mitad y problema burocrático resuelto–, pero si vas forzoso, te clavan los impuestos. Además, todos los contratos de renta antigua, es decir, los firmados antes de 1990, quedan congelados definitivamente, aunque la ministra de Vivienda, Marina Gonçalves, promete que se estudiarán algunas compensaciones a los propietarios, según los casos. El proyecto de ley incluye ayudas al alquiler para los inquilinos y, en caso de impago de la renta, será la Administración la que se haga cargo del importe. A la tímida pregunta del periodista del diario «Público», de izquierda moderada, de si el proyecto puede tener algún problema de constitucionalidad, la ministra responde que todos están obligados –el Estado, el Tercer Sector, la Iglesia y los propietarios privados–, a dar uso al patrimonio, sin excepciones, afirmación que llevada a otros ámbitos de las relaciones sociales, económicas y comerciales invita a hacer las maletas y mudarse de país. Aunque echaré de menos las hermosas playas de Nazaré, el bravío Atlántico y las noches templadas, jarra de cerveza en mano, del Perturbar, es para pensárselo. Por supuesto, cualquiera que tenga hijos en edad de formar familia sabe de los problemas que existen para encontrar un techo, de alquiler o no, en países como España y Portugal, en los que los salarios medios no dan para lo más básico. Pero que unos partidos de izquierdas que han gobernado décadas –26 años desde 1983, en el caso portugués, el doble que las derechas– no hayan sido capaces de garantizar un derecho fundamental como es la vivienda y les pasen la pelota a los ciudadanos no es de recibo. Sólo un 2 por ciento del parque inmobiliario portugués es público, y eso si contamos las viviendas para obreros de la dictadura salazarista. Pero para tapar tanta ineficacia ya están las casas de los demás, con todos los impuestos pagados, y los por pagar. Gran idea, sí señor.