Menos recursos para sanidad, pero más población que atender

Lo que hoy conocemos como Sistema Nacional de Salud nace con la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, que lo define como el conjunto de servicios de salud de la Administración de Estado y de las Comunidades Autónomas e integra todas las funciones y prestaciones sanitarias que son responsabilidad de los poderes públicos para el debido cumplimiento del derecho a la protección de la salud. Junto a ello, la Ley General de Sanidad establece la universalidad de la cobertura como una de las características básicas del sistema español al determinar que la asistencia sanitaria pública se extenderá a toda la población. La entrega de esta materia a las Comunidades Autónomas finalizó en 2002.

Veintitrés años después se constata el fracaso de las transferencias a las autonomías, ya que el sistema en la práctica discrimina a los usuarios de la sanidad pública dependiendo del lugar de residencia. La descentralización está creando desigualdades entre territorios y ciudadanos españoles, ante la pasividad, o complicidad, del Ministerio de Sanidad. Por lo que urge que el gobierno nacional asuma de nuevo las competencias.

La estadística oficial corrobora esta España a dos o tres velocidades. Asturianos, vascos, extremeños y navarros son los que más inversión en sanidad reciben por cabeza entre 2.100 y 2.300 euros anuales.

A la cola en recibir dotación financiera se encuentran los residentes en la Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valencia y Región de Murcia, con menos de 1.600 euros año por habitantes. Dos de estas, Cataluña y Comunidad Valenciana, son dos de las tres que menor porcentaje de su presupuesto autonómico dedican a sanidad, el 24,7% y el 24,99% respectivamente. Y eso que son la segunda y cuarta, respectivamente, más pobladas de España. El caso de Madrid se explica en gran medida por el importante trasvase de usuarios de la sanidad pública a la privada.

La media nacional se sitúa en 1.691 euros por español y año. Durante 2023 el gasto total de las CCAA en sanidad supuso un desembolso de 82.852.200.000 euros, el 5,5% del PIB. Y la situación es mucho peor que hace una década. En 2013 la sanidad pública recibió el 5,9% del PIB, pero al cierre de la contabilidad de 2023, se redujo al 5,5% del PIB. La caída ha sido del 7%. En 2013 la población española era de 47,1 millones y al finalizar 2023 era de 48,1 millones. El deterioro de la sanidad pública es pues manifiesto y notorio.

En el informe de 2024, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) nos aporta otro exponente de la pérdida de peso en la sanidad del sector público: el 41,6% de las intervenciones quirúrgicas en España en 2024 se llevaron a cabo en centros privados. Al inicio de 2025 el número de personas con póliza en la sanidad privada alcanzaba los 12,6 millones, el 26,2% de la población.

El desmedido crecimiento de la población pensionista absorbe ya el 12,7% del PIB, y la sanidad pública el 5,5%, ambas partidas acaparan el 18,2% del PIB nacional. Teniendo en cuenta que la presión fiscal de España es del 37,1% del PIB, concluimos que pensiones y sanidad publicas detraen el 49,1% del total del gasto público nacional. ¿Sostenible? No.

El CIS ha publicado en octubre la segunda oleada del Barómetro Sanitario, que recoge las opiniones de los españoles respecto al Sistema Nacional de Salud (SNS). La valoración media en esta ocasión ha caído: la ciudadanía le da un 6,02 sobre 10 a su sanidad pública, mientras que en 2024 le otorgó un 6,28. El descenso es mayor si se compara con los resultados de 2019, cuando el SNS se acercaba al notable (6,7 sobre 10). En este sentido, resulta también significativo que el 52,5% de la población general cree positivo el funcionamiento del sistema sanitario, lo que supone un ligero descenso respecto al 53,9 % registrado en la primera oleada de 2025.

En cuanto a la dicotomía sanidad pública-sanidad privada, mientras un 54,2% de los españoles se decanta por la pública para las consultas de especialidades, un 43,3% (3 puntos más que en 2024) se iría a la privada. Hace 10 años, lo hacía el 37,3%, con un 8,5% que acudía a ambas. Cada vez más se irían a la privada para ver al médico de cabecera (30,4%), un ingreso (25,2%) o una visita a urgencia (28,3%).