Una mirada a la presidenta Perelló

La magistrada Isabel Perelló fue nombrada presidenta del Tribunal Supremo un día; al siguiente tomó posesión de su cargo y un día después, bajo la presidencia del Rey, pronunció el parlamento de apertura de los Tribunales en el espléndido salón de plenos del Tribunal Supremo. La premura en el desarrollo de los acontecimientos sometió a la protagonista al aprieto de redactar el texto en términos de horas. Se dice que concluyó su redacción en la madrugada del mismo día en el que a media mañana lo recitó con voz bien timbrada y mirada amiga a la encopetada concurrencia de togas con puñetas y representantes de las instituciones y poderes del Estado. El aprieto temporal originó un grato dato externo: la intervención de la Presidenta gozó del beneficio de la brevedad que el papa Francisco predica –sin éxito excesivo– para las homilías de sus clérigos.

Otro elemento justificador de alabanza es el de que su disertación fluía con la claridad debida al hecho de que no había tenido por base un trabajo previo de gabinete, sobre el que ella se hubiera limitado a hacer intervenciones puntuales, sino que su quehacer había sido una labor estrictamente personal, en la que aparece volcado con maestría su limpio pensamiento sobre la justicia y los jueces. Jean Portalis, en el discurso preliminar de presentación del Code Civile francés, nos dejó avisados de que «la justicia es la primera deuda de la soberanía». La actividad de solventar esta obligación soberana es la propia de los jueces que, en la soledad de sus conciencias y con la única guía del ordenamiento jurídico –en el que se incluyen los valores constitucionales– e inmunes a cualquier otro interés, proceden diariamente a realizar el sustancial cometido de pagar la deuda que la soberanía tiene con cada uno de los ciudadanos. Al tratarse de una actividad que nace cuando es pedida por los interesados en el conflicto, es congruente que el silencio de los jueces sea respetado durante el tiempo en que someten a reflexión el juicio con el que han de resolver los procesos.

La figura tópica del juez, del oidor que oye las peticiones y argumentos de los contendientes y les da una respuesta en Derecho, determina que todos ellos, desde el de más reciente incorporación a la tarea de juzgar hasta la propia presidenta del Tribunal Supremo, sean sustancialmente lo mismo, titulares plenos y exclusivos del Poder del Estado que hace definitivo y socialmente eficaz el pago de la deuda de la Justicia que el soberano debe a los ciudadanos. La visión que la nueva presidenta proyectó sobre ellos fue de ánimo, agradecimiento y admiración. Así, dejó dicho que quería expresar su «apoyo a todos los jueces de este país… podemos sentirnos orgullosos por la labor que desempeñan cada día con vocación y entrega… los jueces y juezas de este país hemos seguido trabajando con total entrega en la aplicación de la ley frente a cualquiera y en cualquier circunstancia, porque en un Estado de Derecho nadie está por encima de la Ley» y formuló un compromiso: «tenemos la obligación de garantizar que el sistema de selección de magistrados lleve a la elección de los mejores profesionales».

El pueblo español hace tiempo que viene expresando su desazón por la que considera baja calidad de sus representantes políticos, lo que al final repercute en una merma de la credibilidad en las instituciones que rigen su convivencia en común y a la larga puede llegar a poner en jaque la fe en el propio sistema democrático, a la luz de que las democracias, históricamente, no han caído tanto porque un altivo señor malvado desee convertirse en dictador, sino porque ellas mismas, en su dejadez, pueden llegar a señalar el camino que las ha de destruir. Es ésta una de las vetas de que se nutren los extremistas antisistema. La situación provoca a su vez la anomalía de que alimenta la hipertrofia de cuestiones de repercusión política que se someten a los tribunales, al ser incapaces los políticos de alcanzar soluciones dialogadas a los problemas de la ciudadanía, con la estrambótica consecuencia de ver a los partidos políticos en el circo de asomarse a los juzgados en ejercicio de acciones penales contra sus contrincantes, con la estricta finalidad de hacer recaer sobre ellos el marrón del delito, que parece que consideran que es el único método para derrotar electoralmente a sus adversarios. Ante esta anomalía, que roe la convivencia ciudadana en libertad, el gran elemento de resistencia es una judicatura de primera calidad.

Los Jueces son los que más intensamente hacen sentir el peso del poder soberano, porque son ellos los que lo individualizan con relación a cada una de las personas que defienden sus intereses en un proceso. Por eso son tan de recibo las palabras compañeras de la mirada de la presidenta: excelencia en la selección de los jueces y magistrados, respeto estricto a los principios de mérito y capacidad y petición a las fuerzas políticas y a los poderes del Estado que respeten el trabajo que los jueces realizan, evitando ataques injustificados, que pueden llegar a socavar la legitimidad y la reputación de la Justicia o de sus integrantes

Una mirada fecunda, presidenta.

Ramón Trillo Torreses expresidente de Sala del Tribunal Supremo.