Mónica García y el ataque a la sanidad pública de Junts

A Mónica García, la vociferante anestesista a la que Pedro Sánchez ha tenido a bien convertir en sexta ministra de Sanidad de los últimos cinco años, se le presenta una ocasión que ni pintada para demostrar que la defensa de un sistema sanitario público de calidad de la que ha hecho bandera como opositora en la Comunidad de Madrid es algo firme, sólido, inamovible y ajeno a intereses partidistas, y no un mero brindis al sol ni una retahíla de proclamas comunes para tratar de golpear a Isabel Díaz Ayuso –con nulo éxito electoral, por cierto–, embaucando a los incautos.

El lugar perfecto para demostrar esa férrea apuesta será a partir de ahora el Consejo de Ministros, pero los enemigos a combatir dentro de esa lucha numantina por el modelo que antaño fue la joya de la corona de nuestro Estado del Bienestar no son ni las fórmulas de colaboración público-privada, ni las externalizaciones de servicios, ni el régimen de Muface para los funcionarios, ni la pérfida industria farmacéutica, que a la postre fue clave para que España saliera del fango en el que quedó sumida por la pandemia y por la nesciencia de un Gobierno que siempre llegó tarde cuando tuvo que enfrentarse a ella.

No, los enemigos de la sanidad pública no son ni las clínicas privadas ni el sistema especial de atención a los funcionarios porque sin ellos miles de pacientes dispararían aún más las listas de espera y colapsarían el modelo. Tampoco los laboratorios, cuyas vacunas y medicamentos reducen estancias hospitalarias, salvan vidas y a la larga ahorran costes. El principal enemigo de la sanidad pública viene hoy de la mano de la política y, más concretamente, de los acuerdos con el partido del prófugo Puigdemont.

El argumento es fácil de explicar. Existe un consenso generalizado en que los centros de salud y los hospitales de la red pública de casi todo el país sufren una patente insuficiencia presupuestaria. Todos los expertos coinciden en que España debería destinar al menos un 8% del PIB para apuntalar sus servicios sanitarios. Sin embargo, el próximo año el Gobierno apenas destinará un 6,7% del PIB a tal menester, a tenor del plan presupuestario enviado a Bruselas ¿Se imagina alguien lo que ocurriría si las arcas públicas tuviesen que soportar además un sobrecoste de 15.000 millones de euros, correspondiente a la quita de deuda que exige Junts a Sánchez a cambio de sus votos? ¿Cuánto dinero quedaría entonces para devolver el brío a la depauperada sanidad pública? ¿Se pegará Mónica García con María Jesús Montero para que Hacienda no hurte ni un euro al sistema y obtenga el dinero comprometido con los nacionalistas de otras partidas?

El otro gran ataque a la sanidad pública que se esconde tras los pactos de Sánchez con sus socios de Gobierno es el traspaso autonómico del MIR, el sistema modélico de formación sanitaria especializada que puso en marcha el profesor José María Segovia de Arana y que tanto gusta a los independentistas de Junts. Sistema, por cierto, del que se benefició la hoy ministra en su carrera para ejercer de anestesista. ¿Será capaz Mónica García de salvaguardarlo frente a la voracidad de los socios a los que se ha encomendado el que la ha puesto en el cargo? ¿Y de proteger a la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) si a catalanes o vascos les da también por querer fragmentar esta otra joya de nuestra sanidad pública?