El naufragio anunciado de la jornada laboral de 37,5 horas

El Gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz acaba de encajar un serio revés político: la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales ha naufragado en el Congreso. La promesa estrella de la legislatura se ha topado con un muro: Junts, una de esas minorías de bloqueo que sostienen al Ejecutivo en Moncloa, se ha negado a respaldar una medida que, más allá de su barniz social, tiene hondas implicaciones económicas.

Conviene separar la política del análisis económico. Políticamente, el fracaso refleja la fragilidad de un Gobierno que depende de socios que no comparten su agenda. Económicamente, el debate de fondo es otro: ¿debe imponerse por decreto una reducción de la jornada laboral para todos los trabajadores, con independencia de sus circunstancias?

Que la prosperidad de una sociedad se exprese en más tiempo libre es deseable. Históricamente, el capitalismo ha permitido reducir la jornada laboral y aumentar el tiempo de ocio. Pero ese proceso ha sido fruto del incremento de la productividad, no de mandatos centralizados. Obligar hoy a todos los trabajadores a recortar horas ignora un hecho básico: no hay almuerzo gratis. O el trabajador cobra menos de lo que cobraba, o menos de lo que podría cobrar.

Supongamos un caso simple: 150 horas al mes a 10 euros la hora, 1.500 euros de sueldo. Si se reduce la jornada a 100 horas y se mantiene la tarifa horaria, el salario cae a 1.000 euros. Si, en cambio, se mantienen los 1.500 euros mensuales, significa que la hora se paga ahora a 15 euros. Pero, entonces, si ese trabajador hubiese mantenido las 150 horas, ganaría 2.250 euros. ¿Por qué imponerles a todos que se conformen con menos salario a cambio de menos horas, cuando puede haber quienes prefieran lo contrario?

El verdadero problema no está en trabajar 40 o 37,5 horas, sino en el estancamiento crónico de la productividad española. En los últimos 30 años, los salarios reales apenas han crecido un 2,7%. Desde 2019, la productividad por hora ha subido un 3,6%, pero ese modesto avance se ha canalizado a más tiempo libre y a más impuestos, no a mejores sueldos.

En lugar de repartir miseria, el Gobierno debería centrarse en desatar el crecimiento productivo: menos trabas, menos impuestos y más libertad para que cada trabajador decida si prefiere más ocio o más salario. Imponer desde arriba cómo gastar la productividad es condenar a los españoles al estancamiento perpetuo.