Las ocho mentiras ya son verdad

El pasado 9 de febrero vivimos un día negro, un día para la vergüenza. En esa mañana el Parlamento aprobó una ley para proteger decidida y contundentemente a los animales y el Tribunal Constitucional proclamó que nada es más constitucional como que una madre acabe con la vida del hijo que engendra. Era de esperar, pero no por esperada esa sentencia es menos lamentable.

Culminada la última renovación del Tribunal Constitucional, daba por descontado que declararía la constitucionalidad de la ley que legalizó en 2010 el fraude del aborto libre, como por descontado está que así ocurrirá con las demás normas nacidas de la fábrica ideológica de la mayoría legislante. Para eso está. Tal es el empeño por sacar su agenda ideológica, que algunos de los miembros del Tribunal –ignorando las leyes de la gravedad jurídica y procesal– intervinieron pese a que años atrás habían formado criterio sobre la norma que enjuiciaban.

Y cuando por su saber jurídico algunos veíamos en la ministra de Igualdad la reencarnación de Victoria Kent o de Clara Campoamor o de Concepción Arenal o, por su sabiduría penal, la veíamos como la reencarnación, versión trans, de Luis Jiménez de Asúa, ese fulgor queda opacado al emerger Núñez Feijóo como astro del star system constitucionalista, anunciando que el aborto es un derecho pero, tranquilos, no fundamental. Canela fina. La hipocresía que rezuma su partido le acompañará siempre, como la vergüenza a quienes están involucrados en este holocausto. Habrá que insistir en el dato: desde 1985 van más de dos millones las vidas humanas destruidas en los abortorios pero, tranquilos de nuevo, que hay un Ministerio para el «Reto Demográfico».

Aún no conocemos la sentencia y admito que habría que esperar para valorarla, cierto, pero ¿es que añadirá algo a unas razones escritas hace tiempo?; es más, la ponencia que no prosperó –la «conservadora»– admitía que una ley de plazos es constitucional y el aborto un derecho. Supongo que la sentencia mayoritaria parafraseará las razones que ofrece la propia ley, razones bien cargadas de mentiras y como sobre persona, vida o sexualidad la mentira es la nueva fuente material del Derecho, pocas sorpresas espero de una sentencia ratificadora. Y ¿cuáles son las mentiras de esta ley? En su momento hablé de la «ley de las ocho mentiras» así que las repaso brevemente.

La primera fue aquella perla de una ministra zapateril: el no nacido es un «ser vivo, pero no podemos hablar de ser humano». Sin comentarios. La segunda que era una «exigencia social», si la hay ¿por qué escandaliza que la embarazada reciba información? La tercera apelar a la «seguridad jurídica», cuando por tal se entendía garantizarle impunidad al negocio abortista. La cuarta que hubo «un debate social», cuando en 2010 lo que hubo fue un trampantojo de debate, un debate parlamentario amañado. La quinta, «proteger a la mujer», cuando con ella queda el drama postaborto y exime de toda culpa al hombre. La sexta, la gran mentira: que es un derecho, ¿lo es acabar con la vida del hijo que se engendra?; la séptima: que como derecho esa ley nos homologaba a otros países –¿cuáles?– o aplicábamos tratados o convenios internacionales –¿cuáles?–.

Y dejo aparte la octava: se dijo que esta ley es constitucional. Cuando se promulgó en 2010 no habría resistido el contraste con la sentencia de 1985, esa en la que el Tribunal dijo que «la vida humana es un devenir que comienza con la gestación y finaliza con la muerte» y que el nasciturus no será titular del derecho fundamental a la vida, pero es «alguien», un tertium distinto de la madre que el Estado debe proteger. Pero esta mentira ya es verdad: ya es constitucional y bastará pretextar que los tiempos cambian, que hay aceptación social; es más, los trece años sin sentencia han servido para que ahora pueda alegarse ese asentamiento social, un parón al que contribuyó el PP haciendo doble juego, al paralizar la resolución del recurso por elegir a partidarios de la ley que impugnaba.

La sentencia ratifica una ley que desprotege al no nacido y facilita aún más su destrucción, lo que intensifica su última reforma –también de estos días– que va a más y prohíbe toda ayuda provida, informar a la madre y obstaculiza intensamente la objeción de conciencia del personal sanitario: no me extrañaría que la sentencia sirva para declarar preventiva e indirectamente la constitucionalidad de esa reforma. En fin, según la ley para el Estado el ser humano en gestación no existe y lo hace camuflándolo bajo la salud reproductiva y sexual, ardid que le permite declarar el derecho al aborto. En fin, con el tiempo más de uno –gobernante, legislador o juez constitucional– tirará del derecho al olvido para que no se le relacione con esta aberración.

José Luis Requeroes magistrado.