Palabras de la presidenta Perelló

El acto es en el espléndido salón de plenos del Tribunal Supremo: mármoles, sedas, caoba, lámparas de araña de cristal y, en su testera, un formidable escudo de bronce sostenido por angelotes, obra de Mariano Benlliure. Allí, en el solemne acto de inicio del año judicial, en pie a la derecha del Rey, recita su mensaje la Presidenta Perelló. Con una grata voz mezzosoprano, pausada, sin altibajos retóricos o emocionales, el contenido de su recitación es grave, pero expresado con una gran limpieza formal. Ni una sola cita ajena –salvo una breve del Rey– tan habitual en los juristas para dar tono doctoral a sus escritos, ni una frase de formato engolado. Lo que quiso decir, lo dijo, no solo con la claridad de quien cree en lo que dice, sino que también sabe decirlo y que además siente los agradecimientos que pronuncia y se identifica con la sólida admonición que desde su alta dignidad dirige.

Sus palabras pueden clasificarse en dos ámbitos de sensibilidad, el de los afectos y el de las advertencias y, en el medio, dos propósitos.

En el de los afectos, las daciones de gracias: al Rey, por su presencia, «que engrandece el significado de este acto»; a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, por «su responsabilidad institucional y el esfuerzo realizado para cumplir con la misión constitucional que tenemos encomendada»; a las mujeres, «que han luchado por la defensa del derecho a la igualdad»; a los jueces y juezas, por su «esfuerzo cotidiano», a los que en esta línea pide «que continúen en su labor diaria aportando lo mejor de sí mismos y que sigan contribuyendo a construir una sociedad más digna, más justa y más igualitaria».

De los dos propósitos, el uno es institucional, de pacificación. «Esta Presidencia siempre se esforzará por alcanzar el consenso y conseguir decisiones aceptadas por amplias mayorías, pues está llamada a ejercer un papel imparcial y neutral». Y ha dado prueba de su actitud: 161 nombramientos judiciales que estaban pendientes, realizados en la paz del diálogo.

El otro, más específico, el de su compromiso con la igualdad: el empeño que declara en que a lo largo de su mandato se consiga la plena igualdad de hombres y mujeres en el ámbito judicial.

Voy a decirte aquí algo, Presidenta: vistas las estadísticas que aportas, pienso que en este momento la única igualdad admisible en la carrera judicial es la que marca la indiferencia al sexo de los suplicantes. Para mí, hoy sería tan viejuno negar a un juez un nombramiento por el puro hecho de ser hombre en razón de un detalle estadístico, como en su día lo fue negárselo a una mujer por la pura razón de su sexo. Y en ambos casos, con atentado al artículo 14 de la Constitución. Diga lo que diga quien quiera decir algo sobre esto.

Y el gran golpe de gong: la sencilla, clara admonición a los poderes públicos. Sin variar el tono, con continuidad en la serena escenificación: «Resultan totalmente inoportunas y rechazables las insistentes descalificaciones a la justicia, provenientes de los poderes públicos. Tal forma de proceder… socava de forma directa la confianza en la justicia, al tratar de influir negativamente en la consideración ciudadana de los jueces… Son aceptables el desacuerdo y la crítica… pero no lo es desacreditar al Poder Judicial, atribuyéndole intenciones u objetivos que resultan abiertamente contrarios a los principios que deben presidir la actuación jurisdiccional… En un Estado de Derecho como el nuestro, toda actuación judicial tiene lugar en el cauce de un proceso, que se desarrolla con todas las garantías de audiencia y defensa y es susceptible de ser revisada por otros jueces imparciales e independientes».

Justo y necesario lo que allí dijiste, Presidenta. Contestación precisa a una comunicación política, en la que se difunde la noción de jueces entregados a un «lawfare» de obtención de objetivos políticos, proclamada por personas de los poderes legislativo y ejecutivo afectados por instrucciones o procesos penales o por la aplicación de medidas de gracia, no resueltos de momento conforme a lo por ellos pretendido.

De todas formas, Presidenta, despojado yo ahora del tamiz de la modestia y apoyado en tu invocación del proceso como garantía de audiencia y defensa, quiero evocar lo por mí ya dicho en otra ocasión: el juez ha de ser un actor de fin de trayecto, una figura impasible, hasta que hayan sido expuestos a su presencia la totalidad de las pruebas y argumentos concernientes al caso. En cierto modo, el juez que en la tradición española fue llamado Oidor, el que oye las causas y los litigios, pero no los instruye ni los provoca, solo permanece atento a asegurar la igualdad de oportunidades de las partes, para al final, con todas las posibilidades dialécticas eficazmente ofrecidas, hacer su pronunciamiento desde la independencia, fijando definitivamente la verdad judicial y su pertinente consecuencia jurídica.

Urge, Presidenta, sacar a los jueces de la instrucción penal, del protagonismo que un juez solitario se ve obligado a mantener en ella desde el principio. La decisión de su entrega al Ministerio Fiscal creo que es la reforma conceptualmente más necesaria de la Justicia en España.

Parece que me he apartado del tema, pero no, fluye de lo oído a la Presidenta…

Ramón Trillo, es ex Presidente de Sala del Tribunal Supremo.