El acuerdo sobre Gibraltar contempla una «gestión conjunta y un uso compartido» de su aeropuerto, según indicó el ministro José Manuel Albares, quien también señaló que ambas cuestiones correrían a cargo de una empresa mixta. Muchas dudas ensombrecen ese compromiso, pues no queda claro quién es el verdadero beneficiario y por qué tras las supuestas bondades se ocultan realidades insuficientemente explicadas.

Se usa la vanidosa denominación de Aeropuerto Internacional de Gibraltar. Sin embargo, según su documentación oficial, en realidad se trata de un aeródromo militar operado por la RAF, propiedad del Ministerio de Defensa británico y regulado por su Aviación Militar. Está habilitado para uso civil sólo mediante permisos especiales pero con grandes limitaciones.

Su carácter de aeropuerto internacional constituye un claro exceso, pues solo opera vuelos regulares con el Reino Unido. Tampoco es propiamente de Gibraltar, pues su ubicación en el istmo carece de cualquier título jurídico que lo ampare. España nunca cedió esa franja de terreno, que fue ocupada ilegítimamente mediante un abuso británico, pese a las constantes y reiteradas reclamaciones de España a lo largo del tiempo.

El agregado naval de la embajada británica en Madrid entre 1939 y 1943 (años de su construcción), el capitán de navío Alan Hillgarth, según señala Marquina Barrio en La pista de aterrizaje de Gibraltar: «El aeródromo está situado en el llamado territorio neutral [en realidad es zona desmilitarizada, de soberanía española, no cedida en Utrecht] que, en estricta aplicación del espíritu de los Tratados, debería haberse respetado. Su prolongación en aguas de la Bahía de Algeciras se hizo de tal forma que viola aguas claramente españolas».

Por otra parte, el aeródromo militar de Gibraltar es uno de los más peligrosos del mundo, con grandes limitaciones operativas debido a una pista excesivamente corta, construido en un espacio extraordinariamente reducido, sin posibilidad de ampliación. La pista atraviesa una carretera, caso único en el mundo, incompatible con los estándares habituales de seguridad de aviación civil. Presenta graves limitaciones físicas, derivadas de la mole pétrea que constituye el Peñón, que obligan a complejas aproximaciones, a lo que se suma la alta densidad urbana en las proximidades, a ambos lados de la Verja. Igualmente dada su situación al borde del estrecho, son frecuentes las condiciones meteorológicas adversas, como espesa niebla y vientos cruzados, a lo que hay que sumar el peligro de abundantes aves migratorias que dificultan aún más las maniobras de las aeronaves. Estas circunstancias obligan a que los pilotos en Gibraltar deben tener acreditadas unas habilidades específicas.

Por su carácter militar tiene depósitos de carburantes y material peligroso inflamable y explosivos en sus inmediaciones. Son frecuentes los incidentes y algún avión militar ha caído al mar en sus proximidades. Una media de 90 días al año debe ser cerrado. Su inclusión entre los aeródromos más peligrosos del mundo está más que justificada

El capitán de navío Ángel Liberal, autor de La Base Militar de Gibraltar, señala que un conocido prohombre gibraltareño declaró que «solo a un loco o a un militar se le podría haber ocurrido poner el aeródromo donde se encuentra». El Ministro de Defensa británico en 2001 reconoció que el aeródromo no tendría licencia si solo operara aviones civiles. No se entiende la insistencia española en su uso compartido. Nuestras autoridades deberían pensar en su responsabilidad al promover su utilización. Debería desaconsejarse su empleo.

Las limitadísimas dimensiones e instalaciones del aeródromo apenas permiten absorber más tráfico, pero en su caso lo restarían de los aeropuertos españoles cercanos. Sin estudios previos, el impacto real es desconocido.

No parece que pueda haber una verdadera «gestión conjunta y uso compartido» del aeródromo del istmo, dada su naturaleza militar, su propiedad del Ministerio de Defensa británico y su dirección por la RAF, pues el acuerdo mantiene «la autonomía militar británica en Gibraltar». Los vuelos civiles seguirán dependiendo de las autoridades militares británicas y la «gestión conjunta» se reducirá a aspectos superfluos.

Quizás procedería retomar el proyecto de un aeropuerto plenamente seguro, libre de riesgos y de las gravísimas limitaciones que impone Gibraltar; un aeropuerto exclusivamente español, que permita patrimonializar en nuestro beneficio la inversión y la explotación.

En todo caso, la cuestión del aeródromo de Gibraltar no es, en realidad, una decisión técnica o económica, sino profundamente política y de principios. Desde una perspectiva de soberanía, cualquier uso compartido sin una resolución previa del estatus del Peñón o, al menos, del istmo, supondría una cesión española innecesaria. Colaborar sin condiciones en este punto implicaría validar una ocupación que vulnera el Tratado de Utrecht, las Resoluciones de la ONU y la integridad territorial de España. La soberanía no se fragmenta ni se gestiona por tramos. Se defiende.