Policía y límites del poder territorial

Acompañé el pasado día 13 a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía que conmemoraban los 200 años de su creación como Policía General del Reino. Circunscrita inicialmente a Madrid, hoy extiende sus 74.000 efectivos hasta los núcleos de población superiores a 20.000 habitantes. Sigue vivo el espíritu de aquella primera célula: «velar por el libre ejercicio de derechos ciudadanos, perseguir a aquellos que los vulneran y ponerlos en manos de la Justicia en el plazo de ocho días a más tardar».

El acto representó para mí, todo un ejercicio de recuerdos, a la vez que de merecido homenaje. Mi generación los conoció como Fuerzas (FPA) más conocidos por el color de sus uniformes –grises–; luego ya con la Transición como Cuerpo (CNP) también conocidos como «maderos» por el color ocre de sus nuevos uniformes y más tarde en 1986 fundida con el Cuerpo Superior formando el actual Cuerpo Nacional de Policía, institución fundamental en nuestras vidas. Ninguno de ellos lo ha tenido fácil. Como instrumento de la política interior, han tenido a lo largo de estos dos siglos que hacer frente a conflictos de masas a veces de gran violencia, donde la disciplina debía imperar sobre las propias ideas de sus miembros; donde sus éxitos policiales eran absorbidos por sus responsables políticos, en tanto los errores políticos y sus propios errores, caían de lleno sobre sus espaldas. ¡Solo falta ahora que los culpables del octubre catalán de 2017 sean los Policías!

También saben del sacrificio: en el acto de Mahón (1) se recordó a los 174 policías víctimas del terrorismo. Junto con la Guardia Civil, tuve en Francia con ellos, mis primeros contactos. Eran los «años de plomo» de lucha contra ETA. Debe dolerles su actual blanqueamiento, diría reconocimiento. ¡Habrá que darles las gracias! Pero sobre todo conviví con ellos dos densos años en El Salvador. (1992-1994). El modelo de misión puesto en practica por Naciones Unidas en Nicaragua –ONUCA– constituido por una sola División Militar, resultaba insuficiente para una misión más compleja. ONUSAL, como se denominó, se organizó con cuatro divisiones: Administración, Militar, la Policial y de Derechos Humanos a las que eventualmente se unió una Electoral en período de comicios

El trabajo de la División Policial, con un importante contingente español, fue esencial. No solo debían crear y potenciar una nueva Policía Nacional Civil, disueltas por los Acuerdos de Paz las dos existentes, sino también esclarecer crímenes y secuestros, consolidar seguridad y derechos humanos e incluso resolver graves «asuntos internos» de otras policías de la Misión, que valiéndose de la inmunidad que proporcionaban Naciones Unidas, habían caído en la tentación de introducir droga en México. Para la división militar, fueron fundamentales sus TEDAX (2) al tener que destruir (oficialmente 226) depósitos de armas y explosivos –buzones– enterrados por el FMLN, muchos de ellos en peligrosísimo estado de conservación.

Todo flotaba en aquel acto, al que siguió una sobria e informal copa de vino. Allí pude constatar la preocupación por los acuerdos PSOE-Junts referidos a Inmigración, a la que sumaban la suerte de sus compañeros destinados en Cataluña y por el progresivo debilitamiento del Estado. No sé si les consolaría el que yo recordase cómo el Ejército fue expulsado del Museo Militar de Montjuic, el peligro que se cernía sobre El Bruch, cómo el día de la pasada Nochebuena se firmó vergonzante, sin publicidad, ministra en Iraq, la entrega del Cuartel de Loyola en San Sebastián. ¡Mismas erosiones –sin prisa, sin pausa– de los separatistas!

Coincido con una máxima bien conocida: «si no se reforma la Constitución para estabilizar el estado autonómico, él mismo se autodestruirá, porque los límites del poder territorial –Artículos 149 y 150 de la CE– no están bien definidos». Ya lo prescribía en 2006 un magnífico informe del Consejo de Estado firmado por un jurista de prestigio como Rubio Llorente. Bien lo sabe Teresa Fernández de la Vega, ligada hasta octubre de 2022 al propio Consejo, entonces vicepresidenta con Zapatero, que lo olvidó.

La Constitución de la II República de 1931 lo dejaba claro –Artº 14–: «Son de la exclusiva competencia del Estado español la legislación y ejecución directa en las materias siguientes: «16. Policía de fronteras, inmigración, emigración y extranjería». Si me detengo en la Ley Fundamental alemana, una de mis referencias de confianza, señala: Corresponde a la Federación –Artº 73– la legislación exclusiva en: «3. Libertad de movimientos y residencia, régimen de pasaportes, inmigración, emigración y extradición»

Perdidas tantas oportunidades, prostituidas demasiadas instituciones, ceñida nuestra confianza al importante papel del Rey, temo estemos jugando a la ruleta rusa, en manos solo de la caprichosa fortuna política.

(1) Nombre oficialmente proscrito, convertido en Maó también por presiones nacionalistas. (2)Vienen a mi memoria: Manolo Gracía, Pepe García, Chencho.

Luis Alejandre Sinteses general (R).