Los siete magistrados del Tribunal Supremo (siete; no uno ni dos: siete magistrados del Supremo) que juzgan estos días al fiscal general del Estado han sido informados repetidamente por el presidente del Gobierno de que Álvaro García Ortiz «es inocente». Lo reiteró el pasado fin de semana en el diario «El País». La ministra de Defensa, juez de carrera, no quiso zaherir a sus compañeros de profesión, y se acogió a las generales de la ley, al solemnizar lo obvio: «Como jurista y como persona hay que dejar que los tribunales trabajen; todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia, y yo confío plenamente en la resolución que dicte la sala segunda del Tribunal Supremo».

Esa confianza en los jueces, que muestra Margarita Robles, dista de la que ofrece su jefe, el presidente del Gobierno, que se fía mucho de su propia capacidad para establecer sentencias judiciales, aunque esa no sea una de las competencias constitucionales asignadas al jefe del poder ejecutivo, y el economista Sánchez carezca de los conocimientos jurídicos que son propios de los siete togados del Supremo, que han alcanzado los laureles más elevados de su profesión.

Pero esa es una de las utilidades que tiene la presidencia del Gobierno: la posibilidad que ofrece para presionar en todos los ámbitos, incluida la judicatura, lo que no ocurriría si Pedro Sánchez dejara de ser presidente. Este es uno de los motivos (no el único) que explica el encastillamiento en Moncloa: la capacidad de entrometerse, y de que ese «meterse donde a uno no le llaman» se pueda hacer con plenitud de cobertura mediática. Porque si lo dice el presidente, eso es importante, mientras que, si lo dice un expresidente, ¿a quién le importa?

A día de hoy, el fiscal general disfruta del derecho constitucional a la presunción de inocencia, y los siete jueces que lo juzgan deberían disfrutar del derecho constitucional a realizar su labor sin injerencias de aquellos que no tienen legitimidad alguna para interferir en el proceso. Por ejemplo, los dirigentes políticos, que han de ser extremadamente respetuosos con la separación de poderes, como columna central de la democracia.