El problema de la vivienda tiene solución, pregúntenme

Busco piso bueno, bonito y barato, y mejor si está bien situado. La respuesta a esta búsqueda es que el 80% de la población española no puede ni plantearse comprarse una vivienda y al Gobierno solo le da por intervenir un mercado al que solo le ponen trabas y le fríen a impuestos. La crisis de la vivienda en España se ha convertido en uno de los problemas sociales más urgentes, con raíces son profundas y multifactoriales, combinando dinámicas económicas, demográficas y políticas que se han ido acumulando desde la burbuja inmobiliaria. Aquel desastre dejó un parque de viviendas vacías y una caída abrupta de los precios, pero la recuperación económica posterior ha reactivado el mercado y lo ha tensionado de tal forma que el acceso a un lugar digno para vivir –ya sea en alquiler o en propiedad– se ha vuelto casi imposible. El precio del alquiler ha experimentado un incremento constante, impulsado por la escasa oferta asequible y la irrupción de nuevos modelos de negocio como los alquileres turísticos de corta duración. Ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga se han convertido en polos de atracción turística y laboral, concentrando la demanda y elevando aún más los precios. Esto ha generado procesos de gentrificación que expulsan a los residentes tradicionales de los barrios céntricos, desplazándolos hacia zonas periféricas. Así, esta escasez de oferta frente a una demanda creciente sigue impulsando los precios al alza y dificultando el acceso a la vivienda, especialmente entre los jóvenes, que continúan a la cola de Europa en edad de emancipación porque el precio de la vivienda se ha incrementado más de un 40% en los últimos diez años, hasta superar los 2.000 euros por metro cuadrado. ¿Y qué hace el Gobierno? Pues apuesta por el intervencionismo, que está estrangulando el mercado con su política intrusiva: quiere imponer el control de precios, exigir cuotas de vivienda social en cada promoción de viviendas, permite la okupación ilegal –por lo que se desincentiva la oferta–, se niega a liberalizar suelo –con ello, se reduce la oferta y se incrementa el precio–, y su voracidad recaudatoria impide a la mayoría de los hogares lograr su sueño. El Gobierno tiene en sus manos la solución pero prefiere gravar más y más a los ciudadanos. Y si no saben cómo resolverlo, yo se lo digo: liberalicen suelo, eliminen la sobrerregulación y la burocracia que ralentiza a las constructoras durante años, eliminen los impuestos de primera vivienda, quiten los plomos tributarios que nos hunden y dejen la compra de la primera vivienda con tipo cero. Creo que no es tan difícil.