«Progresistas» sin solidaridad ni igualdad

El escenario que muestra la pantalla de la realidad de España tras el 23-J es el de un país desnortado, sin certezas y sin saber qué camino tomar, salvo por parte de Sánchez, que lo tiene claro: el del palacete de La Mareta, en Lanzarote, a descansar por vacaciones.

Dos bloques políticos compitieron por la victoria, ambos respaldados por unos 11 millones de votantes, siendo el de la «extrema derecha y derecha extrema» el ganador por 350.000 votos, con 169 escaños frente al de la «izquierda y su izquierda» con 153, en la original denominación sanchista tan descriptiva del personaje, para quien en España no existe espacio para la centralidad política. Entre esos 22 millones de españoles se encuentran 1,6 que han optado en proporciones diversas por partidos separatistas catalanes, vascos y gallegos.

Una elemental lógica que no es incompatible con el «sentido de Estado» versión light del «patriotismo constitucional» que se le supone al partido del presidente del Gobierno (en funciones), apuntaría claramente a un gran acuerdo nacional entre el PP y el PSOE, que lideran ambos bloques políticos, sumando entre ambos 258 diputados de los 350 del Congreso, y 16 de los 22 millones de votos que totalizan ambos bloques. Sería la fórmula de un Gobierno de coalición o de un pacto que garantice la investidura y la gobernabilidad del partido ganador de las elecciones o, en su defecto y como último recurso, el de un presidente acordado entre ellos.

El problema esencial reside en que Sánchez ha vendido el alma de España al diablo para garantizarse la permanencia en La Moncloa, apoyado por quienes literalmente quieren destruirla. Son partidos nacionalistas, secesionistas identitarios, para quienes no existe la solidaridad y la igualdad entre todos los ciudadanos españoles, con independencia de su lugar de nacimiento y residencia, lengua, sexo, y religión, aceptando tan solo esos principios para los de sus respectivos territorios, en una discriminación insostenible. Y con esos apoyos pretende gobernar el actual PSOE sanchista, aunque sería más preciso hablar de simplemente «permanecer en el poder».

En esto se ha convertido un partido para el que la «igualdad y la solidaridad» entre personas y territorios pretendía ser el «santo y seña» de su identidad ideológica. Ahora se atreve a autodefinir como «progresista» al gobernar apoyado en una coalición de formaciones políticas integrada por secesionistas insolidarios, por Otegi y por comunistas, lo que da una idea de dónde nos encontramos. A la espera del recuento del censo de los españoles residentes en el exterior, tenemos por delante un agosto tan intenso políticamente como frustrante y desorientado.