Promesas arriesgadas

La precampaña no solo está resultando eterna por el aumento de la tensión política y el exceso de asuntos guardados en el cajón para no ser gestionados hasta nueva orden, sino porque está encareciendo y de qué manera la carne de conejo en las chisteras de las ocurrencias electorales, en una sucesión diaria de órdagos y envidos que puede abocarnos el 29 de mayo, «día después» de los comicios territoriales, a un absurdo «y ahora qué?» a propósito del cúmulo de promesas puestas en solfa dentro del mercado persa en que se ha convertido nuestra política, sin un mínimo criterio realista sobre sus posibilidades de cumplimiento. Decía uno de los más emblemáticos viejos zorros de la política europea, el expresidente francés François Mitterrand, que eso de las promesas electorales incumplidas tiene un único destinatario al que realmente incumben y no es otro que el que las escucha a pies juntillas y se las acaba creyendo de principio a fin. Felipe González probablemente pensó en ese destinatario cuando prometió los famosos ochocientos mil puestos de trabajo convertidos en ochocientos mil nuevos parados en la misma legislatura, o tal vez Mariano Rajoy cuando llegó a la Moncloa comprometiéndose a una bajada de impuestos que luego se tornó en subida, entre otras cosas porque la situación real del país al borde del rescate que había heredado de Rodríguez Zapatero, no estaba muy de acuerdo con la ejecución de tales promesas.

Aun así y con todo, siempre llega alguien que eleva la apuesta y se presenta, –generalmente acorde con sus urgencias políticas reflejadas en la demoscopia– proponiendo, a escasas semanas para unas elecciones, cosas que no ha hecho durante cinco años de gobierno y que en no pocos casos son rebatidas por la cruda realidad de los datos contantes y sonantes incluso antes de arrancar la campaña electoral, cuando no de un día para otro. La ley de vivienda, que hoy jueves aprobará previsiblemente el Congreso, es, además de poco sostenible en términos reales, una promesa arriesgada, entre otras cosas porque tratar de movilizar a la feligresía más cafetera de la extrema izquierda dificultando o ralentizando el proceso de expulsión de «okupas» y de inquilinos que dejan de pagar el alquiler, puede acabar por cabrear ya del todo a una ciudadanía bastante harta de determinadas impunidades. Si la Moncloa cambia de inquilino, váyase preparando el nuevo morador para emplear toda una legislatura en desfacer entuertos.