Ricos y ladrones

El odio al rico es, por supuesto, milenario, casi tan antiguo como la incomprensión de la fiscalidad. Leí hace tiempo un artículo en Público que firmaba Eduardo Bayona con este titular: «Las rebajas fiscales a las rentas altas en las comunidades del PP hurtan 10.000 millones de recaudación para servicios públicos».

Este titular incluye dos afirmaciones rebatibles: los menores impuestos no «hurtan» nada, y la recaudación no es «para servicios públicos» sino para lo que el poder decida. Si fueran dos verdades, entonces la fiscalidad podría subir sin límites y sin violar derecho alguno.

Aparecen economistas antiliberales, que los hay en abundancia, y los habituales «técnicos de Hacienda» de Gestha, presentados como si fueran pura objetividad científica, y que ante las rebajas de los impuestos de Patrimonio y Sucesiones «consideran que va por el camino equivocado, como ha manifestado en varias ocasiones el Fondo Monetario Internacional, una institución nada sospechosa de izquierdismo». Se repite a menudo este disparate, como si el FMI no fuera lo que es, a saber, una institución fundada por los Estados en su propio beneficio, y que no ha pedido jamás que bajen los impuestos –puede verse el siguiente vídeo: «El FMI recomienda subir los impuestos: ¡vaya, qué sorpresa!», aquí: https://bit.ly/3DzJ3Ha.

Continúa el texto: «Estas dos medidas, combinadas, implican, según los economistas consultados por Público, una consolidación de las desigualdades y marchan en un camino contrario del que marca la Constitución, que indica que la fiscalidad ha de ser progresiva». Las desigualdades no se «consolidan» reduciendo los impuestos y, en cambio, sí pueden hacerlo subiéndolos. La progresividad fiscal de nuestra Constitución se cumpliría puntillosamente con una presión fiscal del 1 por ciento del PIB que solo sufragarían quienes cobrasen más de un millón de euros por año.

Mis objeciones se dirigen también al PP, porque a menudo recurre al engañoso argumento «lafferiano» de que hay que bajar impuestos para recaudar más, lo que elude la defensa de la propiedad privada y queda abierto a sencillas objeciones que desnaturalizan la propuesta.

El PSOE resumió la esencia del problema con esta declaración: «La decisión de Moreno Bonilla sobre el impuesto de patrimonio provocará recortes». Es decir, el «recorte», lo mismo que el «hurto» del titular, no se refiere a los ciudadanos que serán privados de sus legítimas propiedades, sino que lamenta que la coacción sobre ellos no sea aún más onerosa.