Sánchez agravará la crisis de la vivienda

El pleno del Congreso ha dado luz verde al proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda y lo ha hecho en medio de singulares deserciones de la mayoría gubernamental como la del PNV, que ha votado en contra y ha anunciado un posible recurso por invasión de competencias ante el Tribunal Constitucional. Ha sido una iniciativa marcada en su origen por el acuerdo con Bildu y ERC, que fueron los encargados de presentarla en sociedad. Nos cuesta creer, porque la experiencia nos ha atiborrado de ejemplos, que con esos promotores las intervenciones llamadas a cambiar el paradigma en un ámbito esencial, en palabras de Pedro Sánchez, supongan un avance que responda al interés general y favorezcan soluciones justas y eficientes. La atropellada puesta en escena de una iniciativa que Moncloa ha revestido mediáticamente de histórica la ha puesto bajo sospecha en cuanto sus objetivos y mecanismos. Hasta los ministros podemitas han cuestionado el discurso de Moncloa y las metas propuestas en torno a esas más de 180.000 viviendas que el presidente ha prometido en distintas entregas sin aportar el mínimo detalle. El electoralismo de la maniobra a escasas semanas de unos comicios sin buenas perspectivas para el PSOE ha resultado una obviedad. La ardua realidad que rodea la búsqueda de un hogar, el gran reclamo ahora para el sanchismo, ha sido otra gran olvidada en estos años de coalición gubernamental. No se recuerdan medidas de cierta envergadura al respecto, ni mayor interés o preocupación por los quebrantos de muchos españoles, especialmente jóvenes. La izquierda ha adolecido de una posición coherente y recta sobre el raid alcista de los alquileres, con sus ministros manteniendo una cosa y su contraria sobre decisiones que han agudizado la escalada. No habrá milagro de los «panes y los pisos», en feliz hallazgo de Núñez Feijóo, entre otras razones porque el Gobierno carece de competencias en un ámbito transferido a comunidades y ayuntamientos. Es puro teatro y propaganda, como coaccionar a los gobiernos regionales del PP acerca de un acatamiento de esta ley sin fundamento. Moncloa sabe perfectamente que no puede obligarlos a nada en esta materia salvo que pretenda atropellar el estado de las autonomías. En cuanto a un proyecto que recrudece los topes al alquiler, castiga con impuestos a las viviendas vacías, acorrala todavía más a los dueños de las casas e impone más trabas al desahucio de los okupas, lo vemos como un marco pernicioso que agravará la crisis de la vivienda, y que reviste en el fondo y en la forma un ataque al derecho fundamental a la propiedad y por ende a la libertad. Se interviene y se adultera un mercado abocado sin duda a un repliegue masivo de la oferta con estallidos inflacionistas. La Ley Sánchez fracasará. Estas políticas ya lo han hecho donde se han aplicado. No hay atajos ni remedios mágicos ni inmediatos frente a un fenómeno tan complejo. Prometer lo contrario es mentir.