Sánchez o la excepción que se ha hecho norma

En el sanchismo, todo lo que no está expresamente prohibido por las leyes adquiere fuerza de ley siempre que sirva al fin primero y último de mantener a Pedro Sánchez en La Moncloa. Nos referimos, por supuesto, al hecho de que España siga sin Presupuestos del Estado desde 2023 y con los mismos objetivos de estabilidad, crecimiento y deuda pública que el Gobierno remitió a la Comisión Europea ese mismo año, una circunstancia especialmente anómala, que el legislador no creyó conveniente acotar, sin duda, por entender que la responsabilidad de un gobierno democrático con los intereses generales sería un factor por sí mismo determinante de la acción política. Dicho de otra forma, si se permitía la prórroga automática presupuestaria en un ejercicio era para garantizar el funcionamiento del Estado y que pudiera hacer frente a sus obligaciones de pago mientras se abría paso la salida lógica de un adelanto electoral, no para sustraer al Poder Legislativo el legítimo conocimiento, discusión y aprobación de las cuentas públicas a lo largo de la legislatura, que es, por las trazas, lo que va a ocurrir si no cambia la actual relación de fuerzas, con Junts y Podemos en la oposición. Entendemos que al presidente Sánchez la falta de Presupuestos no le cause mayor preocupación, como tampoco la falta de respaldo parlamentario, y que dedique sus mayores esfuerzos a simular una estabilidad gubernamental que es mera fabulación de sus nutridos equipos de propaganda, pero no es una situación que venga bien a los españoles como bien se ha encargado de señalar la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, una de las últimas instituciones independientes del Estado que todavía resiste a la colonización sanchista. Entre otras razones, señala Herrero, porque la acumulación de prórrogas deja al Ejecutivo sin un instrumento clave para la planificación de la política económica, amén de que evita la fiscalización pública de unos traspasos millonarios de dinero público, destinados a cubrir los desajustes entre las previsiones de 2023 y los gastos reales, que, sólo en lo que llevamos del actual ejercicio, suponen 27.000 millones de euros. Mucho dinero procedente los impuestos que pagan los trabajadores y las empresas para que se mueva entre administraciones sin el deseable control parlamentario. Pero, lo cierto, es que con una nueva medida sacada de la manga sanchista, y, todo hay que decirlo, avalada por la Abogacía del Estado, el Gobierno se ha conseguido un plazo más para presentar y aprobar los objetivos de estabilidad presupuestaria que tumbó la oposición el pasado jueves, lo que le permite ganar tiempo y seguir manteniendo la ficción de que este año sí conseguirá aprobar los PGE, aunque sea con los objetivos de déficit, PIB y deuda pública del cada vez más lejano 2023. Porque ganar tiempo, resistir al filo de la norma, parece ser el único programa político que le queda al sanchismo.