El dictamen del abogado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el luxemburgués Dean Spielmann, sobre la ley de amnistía supone un balón de oxígeno para el Gobierno, por más que en su confusa argumentación sobre la falta de afectación a los fondos comunitarios se eluda el fondo de la cuestión, que es si el daño económico causado por la malversación de dinero público a un país miembro que es receptor neto de ayudas europeas puede ser perdonado de acuerdo con una normativa nacional y, además, como moneda de cambio para una investidura parlamentaria del principal impulsor y beneficiario político de la medida de gracia. Sin embargo, la realidad que debemos aceptar es que los medios gubernamentales impondrán su versión de los hechos, el supuesto respaldo europeo, entre una opinión pública como la española, que hace tiempo que dio por descontada la naturaleza última de la ley amnistía como transacción de poder con el nacionalismo catalán. Pero la resolución de Speilmann, el mismo jurista que sentenció en contra de la doctrina Parot y favoreció la puesta en libertad de decenas de terroristas etarras, ha tenido, al menos, una virtud, la de mostrar a las claras el tacticismo de Junts, formación que nunca ha dejado de supeditar cualquier estrategia política al interés personal de su líder, el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que sigue en Waterloo a la espera de que se resuelva su amnistía y a quien lo sucedido en el TJUE supone un nuevo atisbo de esperanza. Tal vez por ello, y en la dudosa confianza de que el Gobierno central ejercerá con mayor empeño las presiones sobre el Tribunal Supremo, su grupo parlamentario ha tenido «el gesto» de no apoyar la enmienda del PP destinada a salvar del cierre las centrales nucleares, ofreciendo a Pedro Sánchez otro balón de oxígeno en un asunto sensible para sus socios comunistas, pese a que la formación nacionalista había reclamado la prórroga de una de las centrales afectadas, la de Ascó, en Tarragona, que, ahora, sigue bajo amenaza de cierre. Pero la decisión de Junts, que carece de la menor justificación técnica, económica o medioambiental y que supondrá un daño irreparable para la seguridad energética de España y, por supuesto, de Cataluña, cuando, precisamente, son mayores los desafíos del calentamiento global y la necesidad urgente de descarbonizar la generación eléctrica, no debería sorprender a nadie, menos a los populares, pues nunca los intereses generales han sido la mejor guía de actuación de los nacionalismos. La realidad, por más que pueda disgustar, es que el presidente y el PSOE han cogido aire cuando se encontraban en su peor momento, con revelaciones de corruptelas en su entorno, como demuestran las sobreactuadas reacciones de algunos de los ministros. Que el cierre de la nucleares vaya a suponer un daño irreversible no parece contar lo más mínimo.