Las secuelas de unas elecciones en julio

Con el paso de los días parece haberse naturalizado que Pedro Sánchez empujara a la nación a unas elecciones generales en plena canícula con la emergencia del desesperado por su futuro tras la debacle de las municipales y autonómicas. Voces socialistas del pasado fueron las primeras en poner el dedo en la llaga sobre el estado de excepción al que el inquilino de La Moncloa abocaba no solo a los ciudadanos, sino a la propia democracia, sus principios y sus resortes, con una cita crítica entre las brasas del estío. La fecha del 23 de julio ha sido un movimiento premeditado y, para muchos, alevoso que condena el periodo vacacional de millones de personas que lo habían aguardado un duro año, que dispara los riesgos para la población vulnerable por las altas temperaturas de la época y que pone en entredicho la salvaguarda de derechos fundamentales, especialmente el del sufragio. La avalancha de peticiones para votar por correo era un escenario muy previsible y en consecuencia dotar a los servicios postales de los medios adecuados para garantizar la atención eficiente también debía ser apremiante. Para quienes han querido escuchar y saber, sindicatos tan poco sospechosos de opositores al sanchismo como Comisiones Obreras y UGT han alertado desde hace semanas de la zozobra que hoy padecemos después de más de dos millones y medio de solicitudes de voto por correo recibidas. Aunque las cifras bailan, en otra prueba del desconcierto actual, más de un millón de españoles todavía no cuentan con la documentación para poder ejercer su derecho a falta de tres días para que cierre el plazo legal y los sindicatos desmienten que la empresa pública esté siendo capaz de absorber con agilidad el caudal de demandas tras una contratación muy inferior a la anunciada cifra de 20.000 refuerzos. El caos es tan elocuente que la dirección de Correos ha activado como plan urgente la apertura de las oficinas postales el fin de semana para salvar la situación que está exigiendo una entrega titánica de los trabajadores que pagan una gestión previsora insuficiente. Es una encrucijada grave que debe ser enmendada. Una democracia que se precie debe garantizar el ejercicio pleno del derecho al voto. Sin excusas. Que sea interferido o alterado debería ser razón de peso para que los responsables públicos reaccionaran. Es lo que ha hecho Alberto Núñez Feijóo, con su respaldo a los empleados de Correos y el reconocimiento a una labor que tendrá que ser plena para que todo el que desee depositar su papeleta pueda hacerlo. Además, lo ha hecho desde la reivindicación de la robustez del sistema electoral. La izquierda, desesperada tras el fiasco del debate y la negativa evolución de las encuestas independientes, se ha sacado de la manga el último bulo contra el líder popular, una teoría de la conspiración con pucherazo vía Correos. Agitación, propaganda y desinformación. La mentira se ha convertido en la baza casi única del Gobierno.