Terrorismo incipiente

Hace un cuarto de siglo se desencadenó en Galicia una campaña terrorista de baja intensidad apoyada por grupos de jóvenes nacionalistas radicalizados. Un lustro después los más activos, coincidiendo con el Día de Santiago, fundaron Resistencia Gallega (RG), una organización que durante una década cometió 149 acciones violentas que, sin producir víctimas, arrojaron unos daños materiales valorados en 4,3 millones de euros actuales. La Audiencia Nacional esperó hasta 2013 para declararla terrorista, aunque ello no fue obstáculo para que desde 2002 las fuerzas policiales desplegaran una campaña de arrestos –con 112 detenciones– que culminó en 2019 con la captura de Antonio García Matos y Asunción Losada Camba, sus máximos dirigentes. En 2015 RG había sido vencida y su actividad había quedado extinguida. Para este logro, fue crucial la represión de las demostraciones agresivas de las cuadrillas juveniles del Movimiento de Liberación Nacional Gallego que, sin militar en RG, le prestaron su apoyo moral e ideológico.

En estos días se ha producido un fenómeno similar en el País Vasco, donde las movilizaciones de la juventud nacionalista radical han dado un salto cualitativo al asaltar violentamente la comisaría de la policía local de Azpeitia, donde dos ertzainas que acudieron en auxilio de los agentes municipales resultaron heridos. Hace una semana tuvo lugar un hecho similar en Ordizia con cuatro policías autonómicos heridos, dos de ellos hospitalizados, que se personaron en un altercado callejero. Y durante la noche de San Juan, hace un mes, se produjo un ataque en el ayuntamiento de Hernani, donde se había refugiado una persona a la que una turba pretendía agredir y a la que dieron cobijo la policía municipal, primero, y la Ertzaintza, después. En todas estas trifulcas participaron alrededor de dos centenares de atacantes al grito de «Gora ETA Militarra», lo que da cuenta de su parentesco ideológico con el pasado terrorista de Euskadi. En estos altercados ha habido en total cinco detenciones, a las que, por cierto, se ha opuesto Bildu, como cabía esperar. Que esto sea el embrión de un nuevo grupo armado lo desconocemos. Pero lo que la experiencia gallega revela es que la intolerancia con respecto a las manifestaciones ilegales y las acciones violentas de esta naturaleza es una buena política para prevenirlo.