Resulta asombrosa la candidez de los que se sorprenden ahora del rumbo totalitario del régimen sanchista mientras da las que podrían ser sus últimas bocanadas. Desde los primeros momentos de la pandemia de Covid-19, el Gobierno ya ofreció sobradas muestras de su apetencia por concentrar los poderes del Estado fagocitando a todos los demás, y por intentar controlar incluso coactivamente la vida ciudadana bajo una ideología social que no es otra más que la que conviene en cada momento al partido dominante y a sus satélites. Mientras el virus causaba estragos, el aparato socialcomunista manipuló el lenguaje –«saldremos más fuertes», «no dejaremos a nadie atrás», «ya habrá tiempo de dirimir responsabilidades»–, retorció el marketing y difundió falsa propaganda –¿se acuerdan de la cacareada vacuna española y el dinero invertido en ella?–, amparó en los momentos más crudos numerosas compras irregulares de materiales y equipos de protección que fueron protagonizadas por personajes afines, retorció leyes y normas con fines políticos para actuar contra territorios «hostiles» –recuerden el vergonzoso estado de alarma articulado solo para castigar a la Comunidad de Madrid–, e hizo de la llamada razón de Estado el principio motor de sus actuaciones.

Lista como pocos, y en medio de un PP entonces cándido y bisoño, Isabel Díaz Ayuso fue de las primeras en detectar el burdo engaño y plantarle cara tras dar la voz de alarma, convirtiéndose así en objetivo número uno del presidente y sus acólitos. Hasta la fecha, todos ellos han salido escaldados en su intento de silenciarla, incluido el fiscal general del Estado, que en realidad actúa como fiscal general en favor de la causa sanchista. Aquellos tics absolutistas, a veces hasta tiránicos, que ya se atisbaban se han ido consolidando con el tiempo y son hoy tónica general, con dos añadidos particulares, muy propios de las repúblicas bananeras: el hostigamiento sin pudor alguno a los jueces y a medios y periodistas que osan perturbar al poder, y la búsqueda de un enemigo exterior que sirva como cortina de humo para desviar la atención de lo que ocurre en España. Los elegidos para este menester han sido Donald Trump y el Estado de Israel, y hacia ellos apunta el sanchismo con todos sus satélites mediáticos. En favor del aparato socialcomunista juegan su magistral dominio de la comunicación y su habilidad para marcar con ella los tiempos, el extenso aparato mediático del que se ha rodeado y la corte de aduladores que le sigue el juego en el mundo pululante de las tertulias, y el resultado es que España está dando la espalda a la mayor potencia mundial y promueve el antisemitismo, mientras recibe el aplauso de dictaduras y de los terroristas de Hamás. Con respecto a los jueces, son particularmente inquietantes los últimos intentos de Moncloa, por medio del ministro Félix Bolaños, de maniatar al juez Peinado en la causa contra la mujer del presidente mediante la presión al Consejo General del Poder Judicial. Presión que es replicada por la mayor parte de sus compañeros de viaje por medio de declaraciones públicas. Mientras todo esto ocurre y no se habla más que de Palestina y de flotillas, el Gobierno trata de hacer de la necesidad virtud aprovechándose de su incapacidad para aprobar los Presupuestos. La ausencia de los mismos y de un proyecto que anticipe por dónde irían impide a la Autoridad Fiscal, un organismo de control, supervisar las cuentas públicas y el destino que se está dando a los fondos. La Airef se ha sumado a los que dan la voz de alerta.