Tinduf

Tinduf es la provincia más occidental de Argelia, limítrofe con Marruecos y Mauritania y, a través de una pequeña franja de terreno, con el antiguo Sahara español. En Tinduf, y muy cerca de la confluencia de esas tres fronteras, se encuentran ubicados los campamentos de los refugiados saharauis, ilegítimamente expulsados de su tierra, el Sahara Occidental, por Marruecos.

Encuadrados en cinco asentamientos, o wilayas, con nombres de las principales poblaciones del antiguo Sahara Español: El Aaiún, Auserd, Smara, Bojador y Dajla (Villa Cisneros), con capital administrativa en Rabuni, donde se encuentran las principales instituciones de la Republica Árabe Saharaui Democrática (RASD), como la Presidencia, el Parlamento, los ministerios, así como las sedes de los Organismos internacionales allí representados, al igual que las principales ONG, cuya ayuda resulta fundamental para mejorar las condiciones de vida de los refugiados, quienes dependen casi exclusivamente de la solidaridad exterior.

En la actualidad se estima que existen sobre 175.000 refugiados, aunque su número varía debido a los flujos migratorios, sobre todo con España, con la que se sigue manteniendo unos entrañables vínculos afectivos y humanitarios. Por ello, la Republica Árabe Saharaui Democrática (RASD), declarada el 27 de febrero de 1976, día anterior al que España arrió su bandera en el Sahara, y reconocida por 82 estados, es el único país musulmán donde el español –de facto pero no de iure, porque la Constitución de la RASD no la reconoce– es, junto al árabe, idioma oficial.

España se retiró del Sahara Occidental en 1976, sin haber cumplido con su obligación de descolonizar el territorio. Casi cincuenta años después, Marruecos sigue ocupando el Sahara sin título jurídico válido y sin ningún reconocimiento internacional. Actualmente se encuentra dividido por un vergonzante muro con dirección norte-sur, ocupando Marruecos la zona «útil» occidental llamada por los saharauis «Territorios Ocupados», y por la RASD la zona oriental o «Territorios Liberados».

Es preciso recordar que el Acuerdo tripartito de Madrid, por el que se cedió la administración del Sahara a Marruecos y a Mauritania, es nulo, porque nunca fue publicado en el BOE, era contrario a la Ley de Descolonización del Sahara 40/1975 y, sobre todo, porque contravenía las Resoluciones de la Asamblea de las Naciones Unidas, donde se le reconocía el derecho de autodeterminación al pueblo saharaui. Hassan II declaró, acreditando así su perfidia: «Fue un chantaje horrible, pero un chantaje lícito y no condenable por ley alguna». Se equivocaba el monarca alauita, porque la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados declara nulos aquellos firmados bajo coacción o amenaza.

España sigue siendo la Potencia administradora, aunque no de facto sí de iure, y así lo reconocen las Naciones Unidas, la Unión Africana, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea e incluso nuestra Audiencia Nacional en su Auto de 4 de julio de 2014, con la firma del actual ministro Marlaska. La responsabilidad de España resulta innegable.

La ilegítima invasión del Sahara por parte de Marruecos lo fue con evidentes signos de extrema criminalidad, ya que «se produjo de una manera generalizada un ataque sistemático contra la población civil saharaui por parte de las fuerzas militares y policiales marroquíes: bombardeos contra campamentos de población civil (hay evidencias del uso de napalm y proyectiles con fosforo blanco), desplazamientos forzados de población civil, asesinatos, detenciones y desapariciones de personas, todas ellas de origen saharaui y debido precisamente a dicho origen, con la finalidad de destruir total o parcialmente dicho grupo de población y para apoderarse del territorio del Sahara Occidental (…). Tales ataques, producidos contra la población saharaui a lo largo de toda la extensión del territorio del Sahara Occidental, llevados a cabo por el Ejército y la Gendarmería marroquí, habrían sido impulsados por los altos mandos de tales cuerpos militares (sin duda ordenados por Hassan II), ejecutándose con la finalidad de ocupar el territorio del Sahara Occidental y tomar posesión del mismo», según se señala en el Auto de 9 de abril de 2015, también de la Audiencia Nacional, en el que imputaba a determinadas autoridades marroquíes el delito de genocidio y otros de lesa humanidad.

Por todo ello, resulta inexplicable la aceptación de la tesis marroquí con respecto al Sahara Occidental, separándose de la doctrina de las Naciones Unidas, entregándolo al ilegitimo ocupante a través de una autonomía tan falsa como poco creíble en un estado autocrático. No se entiende, por su inmoralidad, que nos pongamos del lado del verdugo acusado de genocidio, dejando a la víctima a su voluntad y antojo. Es como meter a las gallinas en el corral del zorro. Los temores de los saharauis son tan reales como razonables. Tampoco se entiende que se pretenda ceder a Marruecos –posiblemente de manera ilegal– el control del espacio aéreo del Sahara, todavía en manos de España. Como algunos apuntan ¿estamos ante un nuevo chantaje, esta vez de Mohamed VI?

Tomás Torres Perales Comandante de Caballería. Academia de las Ciencias y Artes Militares.