La otra reforma constitucional

En estas páginas mostré hace poco mis prevenciones ante una reforma constitucional que busque el «encaje» de Cataluña con el resto de España. Como se sabe abordar esa reforma es el precio que ha pagado el Gobierno para sacar a delante el apoyo socialista al artículo 155 de la Constitución. No abundaré sobre las razones de mis temores, que ahí siguen.

Pero a esos temores se añaden otros porque la izquierda quiere aprovechar la reforma para «tocar» aspectos neurálgicos relativos a derechos y libertades. Esto es ya material de alto voltaje, como lo es querer anclar la Constitución en un modelo de inspiración radical o, al menos, intensamente socialdemócrata, recuperando parte sustancial de lo que aparcó en 1978 por exigencias de la Transición.

Baraja así incorporar al texto constitucional nuevos derechos y libertades o, en sus palabras, avanzar en valores de libertad e igualdad. Tiene a su favor la propaganda y, en definitiva, el lenguaje porque ¿quién se opondría a más libertades o derechos?, ¿quién asumiría el coste de negarlos? Además se constitucionalizaría buena parte de la acción legislativa de Zapatero que ya intentó acometer esa segunda Transición al margen de la Constitución con una reforma territorial federalizante –el Estatuto de Cataluña– y la incorporación de esa agenda radical en leyes como la del aborto, «matrimonios» homosexuales, etc.

Esos nuevos derechos y libertades conforman la agenda ideológica o cultural de esa izquierda: sabe que ahí está el poder real, aunque transitoriamente no gobierne. Ciertamente algunos ya son ley, es más, los anticipó el estatuto catalán y copió el andaluz, pero no están constitucionalizados. Ahora se trata de blindarlos pues de constitucionalizarse ya no serían disponibles por un hipotético legislador reaccionario y, en definitiva, gozarían de una fuerza formidable para la consecución de esa sociedad a la que aspira el pensamiento radical. Veamos algunos ejemplos.

Se retocaría el artículo 14 de la Constitución para incluir todos los postulados fundamentalmente del lobby gay, y de la mano de la ideología de género, expulsar definitivamente no ya al mundo de la ilegalidad, sino al de la inconstitucionalidad cualquier intento de padres, madres, colegios, confesiones, etc. que osasen sostener que un hombre es hombre y una mujer es mujer y no un constructo ideológico. Se blindaría, por ejemplo, el llamado «matrimonio» homosexual, que de no ser inconstitucional pasaría a ser una exigencia constitucional.

También se retocaría el artículo 15 para recoger todo lo que se relaciona con la «muerte digna», no porque no esté reconocida –y debe estarlo–, sino para abrir un espacio de ambigüedad que permita avanzar hacia la eutanasia. Por supuesto se introduciría, bien en ese artículo o en otro, el derecho a la salud sexual y reproductiva esto es, la segunda marca empleada para hablar, sin mencionarlo, del aborto: es decir, constitucionalizar como derecho el que una madre acabe con la vida del hijo que engendra, cerrando el paso a cualquier reforma restrictiva. Y también se aprovecharía para incorporar unos postulados ligados a la investigación bioética que constitucionalizase prácticas censuradas por el Tribunal Constitucional, pero toleradas porque no ha interesado cuestionarlas.

Se daría la vuelta al artículo 17 para que de un Estado aconfesional se vaya a la constitucionalización de postulados laicistas, eliminando la referencia que se hace a la Iglesia católica en la vigente Constitución o que suponga un trato especial por su arraigo; se prohibiría cualquier vestigio de religiosidad en fiestas, símbolos, costumbres, patronazgos en instancias públicas, etc.

Sería el momento de darle la vuelta al artículo 27 de la Constitución, quizás lo prioritario para esa ideología radical: se eliminaría la enseñanza privada concertada y se limitaría la privada a un ámbito residual accesible a grandes fortunas; sería también el momento de eliminar la asignatura de religión y expropiar el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones.

La constitucionalización de esa agenda radical tiene en contra que exigiría un proceso de reforma nada fácil, pero sopla a su favor una ciudadanía manipulable y un centro –o centro derecha– blando, al que le incomodan estos temas en los que prefiere hacer seguidismo como lo demuestra que haya apoyado, tolerado o promovido leyes que anticipan esos postulados. Habría llegado la hora de la sociedad civil.