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Pactos rotos

Si algo parece quedar claro es la incapacidad o la falta de altura para hacer política de Estado; o peor aún: la insinceridad

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Tiempo de lectura 4 min.

26 de marzo de 2018. 22:45h

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José Luis Requero 26/3/2018

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Las diversas comisiones parlamentarias constituidas para reformas varias o han cerrado o van siendo reventadas o están en vía muerta. Ha sucedido con la encargada del pacto educativo, con la de la reforma electoral, también con la que pretendía una reforma del sistema autonómico y fracasó, como no podía ser menos, la que habría acometido la reforma judicial. No se trata ahora de hacer recuento de quién se ha ido porque acabaríamos mareados: los que se van de una siguen en otra, pero revientan aquella otra en la que permanecen los que antes se fueron de la de más allá.

Si algo parece quedar claro es la incapacidad o la falta de altura para hacer política de Estado; o peor aún: la insinceridad. Que sea esa la actitud de la izquierda radical va en su lógica porque está en política para hacer el mayor daño posible. Lo malo es la izquierda que se presume moderada y que entre Julián Besteiro o Largo Caballero, opta irresponsablemente por este siniestro personaje; lo malo son los que van de mirlo blanco, de centristas moderados, pero que no dejan de evidenciar ambición sin más y los que se meten a pactar cuando vienen de incumplir promesas electorales.

Los que nos dedicamos a la Justicia estamos acostumbrados a pactos incumplidos. La historia reciente de la Justicia española arranca con el incumplimiento por los socialistas, en 1985, de un pacto, el constitucional. En 2001 la derecha pudo reinstaurarlo desde su mayoría absoluta, pero optó por un pacto de medias tintas, se firmó y no acabó la legislatura sin que los socialistas se desentendieran de lo firmado.

El panorama es un tanto triste. Vamos a cumplir los cuarenta años desde la promulgación de la Constitución y si quitamos la mismísima legislatura constituyente y los casi tres años de la primera legislatura constitucional de la UCD –en la que se legisló desde la fidelidad a la Constitución– la otras once legislaturas, incluyendo la actual, se reparten entre seis socialistas y cinco conservadoras. Significa esto que, en lo que a la Justicia se refiere, puede hablarse de un reparto casi por partes iguales de responsabilidades. Lo que hizo uno le ha convenido al otro.

Sin embargo durante estos cuarenta años cada día ha amanecido, han abierto los tribunales, se han dictado centenares de miles de sentencias...: se ha ido tirando. Y que la actuación judicial más en boca de todos ahora –la referida a la rebelión y sedición catalana– haya restaurado el buen nombre de la Justicia ante los ciudadanos, no debe confundirnos. El caso catalán demuestra que en nuestra Justicia hay jueces –y fiscales– profesionales e independientes, que no manchan la toga con el barro del camino, ni se la ponen a modo del uniforme caqui del Che, y todo pese a las descalificaciones tan al uso de radicales de uno u otro signo, desde los callejeros o los políticos a los radiofónicos.

Se funcionará y habrá motivos para confiar, cierto, y no pocas veces la actuación ejemplar de unos pocos individuos devuelve la confianza en todo al sistema judicial, pero esto no basta. La traición al pacto constituyente buscaba el ascendiente político sobre la Justicia y que no haya impedido que a esta profesión, eminentemente vocacional, hayan llegado jueces y fiscales de verdad tranquiliza, pero los males existen y a unos y a otros parece interesarles una justicia poco eficaz, corta de medios, ajena a una organización moderna y eternamente dependiente de los que le dé el poder político.

Lo que vivimos estos días puede dar lugar a dos reacciones. Una, indeseable: que acentúe el afán de control porque si pese a estar maltratada, intencionadamente infradotada, gobernada desde el control en la lejanía de los partidos, la Justicia actúa como actúa y un juez de instrucción tiene el poder que tiene, son razones para que más de uno deduzca que aquel desmarque del pacto constitucional fue necesario. Y otra, la deseable: que se haga eco de la necesaria regeneración de nuestro sistema político, que se vuelva a la senda del pacto constitucional y se capte que si el Estado cuenta con instituciones saneadas, eficaces, alejadas de la partitocracia, hay garantía de estabilidad.

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