«Es triste tener que luchar por lo evidente»

Se ha divulgado con frecuencia esta frase célebre que da título a esta tribuna del gran filósofo, escritor y dramaturgo suizo en lengua alemana, Friedrich Dürrematt, autor de obras de teatro tan valiosas como «Proceso por la sombra de un burro», «Rómulo el Grande» o «La visita de la anciana dama» y creador de grandes novelas como «La trampa», «El túnel» o «El encargo».

La expresión se hizo famosa cuando la utilizaron ardorosamente los revolucionarios del Mayo Francés de 1968. Es triste tener que luchar por lo evidente. Así está sucediendo en la actualidad con los derechos otorgados por la Constitución que se plasmaron en la Carta Magna al comenzar la democracia en España, entre otros la separación de poderes para que puedan frenarse entre sí, estableciendo la igualdad de todos los ciudadanos que se proclama en las Constituciones de todos los países occidentales y en los Tratados. Es importante reclamar su aplicación cuando se vislumbra el peligro de la conculcación de lo ordenado en la Ley de leyes – la única forma de alcanzar la libertad de un grupo social es la absoluta división de los poderes para que puedan frenarse entre sí–.

Los españoles han sufrido discriminaciones a lo largo de la historia y en estos momentos algunos territorios mantienen importantes privilegios, un trato diferenciado que no debe admitirse, como las reclamaciones que hay que presentar para impedir la prohibición del idioma común –no puede entenderse que se presente como una gran propuesta impedir que los niños y jóvenes estudien y se relacionen en español, porque se les inflige un daño que no puede fácilmente repararse–, el perdón por la comisión de delitos inicuos, algo inexplicable en cualquier Estado de Derecho. Ninguna zona debería tener privilegios y actualmente se advierte la diferencia de trato que disfrutan algunas regiones por determinadas circunstancias.

En cuanto a las diferencias conviene recordar otras discriminaciones de nuestra historia, como las que han sufrido y sufren las mujeres, lo que tuvieron que luchar por algo tan «evidente» como el voto; no se les permitía ejercer ese derecho, intentarlo supuso tener que soportar condenas y persecuciones y hace algunos años solo podían inscribirse en las oficinas de empleo las mujeres que fueran cabezas de familia o solteras sin medios de vida. Las Reglamentaciones de Trabajo establecieron el cese en el trabajo cuando la trabajadora contrajera matrimonio, que se aplicó tanto en empresas públicas como en las privadas. El Código Civil consideraba a las mujeres como menores o dementes. Se necesitaba la autorización del marido para aceptar una herencia, firmar un contrato, abrir una cuenta bancaria.

En la actualidad, según la Organización Internacional de Trabajo (OIT) las mujeres cobran un 17 por ciento de media, menos que los hombres por realizar el mismo trabajo. Nadie se explica el motivo. El reparto del trabajo doméstico no es equilibrado y, nada menos que una alcaldesa de una ciudad alemana, ante las denuncias de agresiones detectadas en las fiestas de fin de año, recomendó a las mujeres que tuvieran cuidado cuando fueran a fiestas nocturnas. Menos mal que hubo contundentes respuestas contra estas recomendaciones que presentaron personas que «luchaban por lo evidente».

En este mismo año, a pesar de leyes especiales y un Ministerio encargado, han perdido la vida sesenta mujeres a causa de la violencia de género, y también varios menores. Debe estremecerse toda la sociedad; vecinos, amigos, todos los que conozcan cualquier episodio violento tienen que clamar por la igualdad –no es suficiente con unos minutos de silencio ante los ayuntamientos o delante de las casas de la tragedia–.

Es decisivo educar en el respeto a todo ser humano, cualquiera que sea su sexo, su raza o su ideología, como tantas veces se dice. El Gobierno ha anunciado medidas que puedan acabar con estas situaciones que ya deberían haber desaparecido por su propia iniquidad. Por ello hay que repetir la frase del autor suizo que es tan actual: «Es triste tener que luchar por lo evidente». Especialmente, reiterarla ahora que se está concediendo un trato especial a ciudadanos que han violado las leyes en vigor –como con la Ley de Amnistía al «procés» catalán–, produciendo graves daños irreparables y tener conciencia de que hay que aplicar las leyes por igual a todos. No es legal, ni ético otorgar privilegios, ni conceder situaciones más favorables a los nacidos en ciertas regiones, sea o no para conseguir algún beneficio social –como se afirma en la exposición de motivos de la citada ley de amnistía, a modo de justificación–.

Guadalupe Muñoz Álvarez.Académica correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.