Universitarios de un dios menor

El único ganador del Nobel en ciencia obtenido en España, don Santiago Ramón y Cajal, publicó en 1921 su libro Charlas de café, que recoge una serie de aforismos cuyo fin, en palabras del autor, es proporcionar «alguna apreciación exacta o algún consejo provechoso, fruto tardío, y frecuentemente amargo, de la experiencia».En el capítulo 10 se encuentra una sentencia, «En política todo necio es peligroso mientras no demuestre con hechos su inocuidad», que se ajusta perfectamente a estos tiempos. Y es que los pactos firmados entre independentistas y PSOE más allá de riesgos abstractos tienen impacto transversal en la vida de todos los españoles… y hay aspectos que aún no se han conocido suficientemente.

Ante la alarma por los desafíos jurídicos, poca relevancia se está dando a la ingente cantidad de dinero que captarán catalanes y vascos (frente a ciudadanos del resto de comunidades autónomas) a través de infraestructuras, localización de agencias, subvenciones, fiscalidad diferencial, captura de reguladores…. Parafraseando a Anne Lamott, «es un gran momento para ser independentista». La frase que resume el panorama es: no se ha salvado nada. Por supuesto, tampoco la ciencia o la educación.

El documento firmado entre PSOE y ERC revela, en su página 13, cambios que han pasado desapercibidos pero que afectarán gravemente a la financiación de las universidades españolas. Poca broma. Y es que, mediante dos epígrafes clave, que tocan, por un lado, la I+d+i y, por otro, las becas, el texto establece un nuevo paradigma en la educación superior, que crea una distinción entre universitarios de primera y segunda categoría en España.

En primer lugar, el acuerdo con los independentistas dinamita la equidad en la financiación de la investigación. Así, de una parte, la Agencia Estatal de Investigación (que asigna 1.826 millones de euros a ayudas competitivas) verá un cambio significativo en su distribución. Según el texto, un mínimo de 150 millones de euros (el 8.2% del total) van a ser transferidos directamente a la Generalitat de Cataluña. Pero, además, las instituciones de investigación y universidades catalanas van a poder seguir compitiendo por los 1.676 millones de euros restantes en igualdad de condiciones con las demás universidades y organismos públicos de investigación (OPIs) en España. Es decir, independientemente de la calidad de los proyectos presentados por los investigadores, las comunidades autónomas distintas a Cataluña recibirán un 8% menos de fondos, mientras que las universidades catalanas serán financiadas tanto por la Agencia Estatal de Investigación como por la Generalitat que tendrá un 8% de dinero adicional. Esto representa una notable pérdida de competitividad para una parte significativa del sistema universitario español. Si se ubican en Cataluña, los proyectos tendrán más posibilidad de ser financiadas por los españoles, y a nadie se le escapa la conexión de la I+D+i con el desarrollo territorial. Blanco y en botella: inversión para el futuro local, a consta del bolsillo nacional y en detrimento de otros polos de desarrollo.

Un segundo aspecto crítico del acuerdo con relación a la educación superior es la territorialización de las becas generales. Haciendo un cálculo exorbitante, el acuerdo destina 2 millones de euros para la gestión independiente de estas becas, hecho que sugiere otro paso hacia la desvinculación de Cataluña del sistema de solidaridad interregional de España. Y que, hasta ahora, el sistema de reparto de becas en España establecía un factor de corrección de la inequidad apoyándose en la solidaridad interterritorial. El objetivo era garantizar la igualdad de oportunidades y que miles de estudiantes pudieran seguir formándose sin que sus condiciones socioeconómicas ni su ubicación fuera un obstáculo, porque no se daban las ayudas por matriculados en una Comunidad, sino por gente que tuviera necesidad de ello.

Al desmembrar su gestión del resto, el acuerdo que ha firmado el PSOE, convierte las becas en un privilegio para los estudiantes catalanes, excluyendo a los del resto de España. Y es que se asume, en este caso, que el reparto entre comunidades autónomas se hace por número de habitantes y no por la renta de estos, con lo que deja de haber un trasvase de una de las regiones más ricas, Cataluña, a las regiones más pobres. Por ejemplo, Castilla-La Mancha, una de las mayores beneficiarias del sistema de becas en la actualidad, va a perder bastante (quede la advertencia hecha para el señor García-Page y los diputados manchegos).

Los cambios introducidos por el acuerdo del PSOE crean, en definitiva, una división clara en el sistema universitario español. Por un lado, están los universitarios catalanes, que se beneficiarán de fondos adicionales y becas propias, directamente asignadas desde los Presupuestos Generales del Estado. Por otro lado, el resto de los universitarios españoles, que enfrentaremos una competencia más intensa por recursos reducidos, que retrasará el desarrollo y crecimiento de nuestras instituciones y de nuestras comunidades.

Los acuerdos propuestos van a tener implicaciones duraderas en la equidad y la excelencia en el sistema educativo superior de España. Y esto, en el contexto de una sociedad del conocimiento y de la información, donde la investigación y la formación son fundamentales, no es moco de pavo. Estamos hablando de un envite al futuro de muchas generaciones. Los universitarios deberíamos denunciarlo. Ya estamos tardando. Los rectores y rectoras de las universidades afectadas, los profesores e investigadores o las asociaciones y sindicatos estudiantiles hasta hoy no se han pronunciado. Tal vez deberían valorarlo. Nos va la equidad en ello.

Marta Martín Llagunoes catedrática de la Universidad de Alicante.

Jorge Sainz Gonzálezes catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos.