Es una paradoja sorprendente. Desde la perspectiva estrictamente ideológica y la defensa del Estado de Derecho, la respuesta sería que sí. Sánchez preside un gobierno socialista comunista que nunca ha tenido una mayoría sólida, ya que solo fue de investidura. Este contrasentido se fundamenta en que los votos decisivos fueron de Junts, que es una formación independentista de centro derecha. Feijóo ganó las elecciones, pero no podía alcanzar un acuerdo con Puigdemont. En cambio, el líder del PSOE estaba dispuesto a cualquier cosa con tal de mantenerse en La Moncloa. El precio de la investidura fue la amnistía. Hasta ese momento, había defendido que era inconstitucional y no era solo una opinión, sino que todos los dirigentes del partido la repitieron en numerosas ocasiones. La inmensa mayoría de juristas solventes mantenían este criterio, ya que estaba fundamentado en una interpretación objetiva del texto constitucional. Los argumentos se han repetido hasta la saciedad y es una institución que fue descartada durante el proceso constituyente. Un Tribunal Constitucional que no estuviera politizado, presidido por un jurista independiente y formado únicamente por magistrados de reconocido prestigio jamás hubiera declarado constitucional esa ley chapucera cuyo preámbulo es tanto un despropósito como una sucesión de mentiras.

Los juristas solventes eran una minoría y en el otro lado estaban Cándido Conde-Pumpido y sus mariachis. No había un árbitro independiente, sino un mero apéndice de La Moncloa dispuesto a perpetrar uno de los actos más indignos de la Historia del Derecho Español. No recuerdo algo igual desde que concluyó el Antiguo Régimen, a pesar de haber dado esta asignatura y centrado mi memoria de oposición en esta materia, donde el servilismo alcanzara un nivel tan reprobable. Esto explica que los que protagonizaron este acto antijurídico hayan alcanzado un nivel de desprestigio tan enorme que se ha acrecentado al convertir el Constitucional en un insólito tribunal de casación del Supremo. No hay duda de que Conde-Pumpido pasará a la Historia por elaborar el peor Derecho y despreciar a Kelsen y aquello que buscaba cuando introdujo en Europa la doctrina del control de constitucionalidad de las normas. La politización de este órgano constitucional es muy preocupante como lo es su pretensión de impulsar mutaciones de nuestra Constitución sin utilizar los mecanismos previstos por ella.

La amnistía solo sirvió, cabe insistir en ello, para comprar, en el término más reprobable en una democracia, la investidura presidencial. A partir de ese pecado original era lógico que esta legislatura fuera un auténtico despropósito, porque no existía una mayoría parlamentaria ideológicamente coherente que pudiera dar soporte a un gobierno de izquierda radical. Llevamos varios años con los Presupuestos prorrogados y sin capacidad de presentarlos. Es otro incumplimiento claro e inequívoco de la Constitución. Hasta que Sánchez llegó al poder, ningún presidente se hubiera atrevido. Las convenciones democráticas establecen que en estas circunstancias la única salida es convocar elecciones. Es lo que hacen en cualquier país de nuestro entorno. Es insólito gobernar cuando las derrotas parlamentarias se suceden.

Los escándalos de corrupción que afectan al Gobierno y al PSOE también conducirían a ello, pero la izquierda política y mediática quiere seguir en el poder a cualquier precio. Por supuesto, lo que hicieron con Rajoy no es aplicable ahora a pesar de la gravedad de la situación y el deterioro de la política española. Los ataques al Poder Judicial se han convertido en algo habitual, como excusa para esconder o justificar esa sucesión ininterrumpida de escándalos. La situación para Feijóo es compleja, porque al acoso de los medios de comunicación, tanto públicos como privados, afectos al régimen tiene que sufrir los tópicos, como sucedió con Aznar o Rajoy cuando estaban en la oposición, de que no hace lo suficiente. Siempre me pregunto qué más puede hacer. Por un lado, tiene a Vox, que hace imposible cualquier pacto con Junts, y por el otro este partido es imprescindible para lograr una moción de censura viable. Un movimiento lógico en estas circunstancias sería que fuera meramente instrumental con el objetivo de convocar elecciones. No es fácil que Feijóo, Abascal y Puigdemont se pongan de acuerdo, ya que la campaña de la izquierda mediática sería brutal.

La contundente derrota parlamentaria de los objetivos de estabilidad presupuestaria confirma la agonía del sanchismo, pero ya conocemos la firme determinación de Sánchez de agotar la legislatura, aunque no pueda aprobar ninguna ley importante. La opción de presentar una moción de censura que fracasara sería la mejor noticia que podría tener el inquilino de La Moncloa. Es un ejercicio estéril que solo serviría para darle oxígeno. Su horizonte judicial es demoledor, no porque exista una fachosfera, que es una de las mentiras del sanchismo, o una conspiración judicial en su contra, sino por los delitos cometidos. El problema es que hay unos hechos probados que conducirán, previsiblemente, a nuevas condenas como la sufrida por el exfiscal general del Estado. Sánchez está rodeado de activistas con escasa o nula formación jurídica que le han llevado al desastre desde la chapucera amnistía hasta la actuación frente a los procedimientos que afectaban a su Gobierno, su partido y su familia. Nunca entenderé por qué no se rodeó de juristas solventes y de un buen equipo de comunicación. La duración de una legislatura tan inestable es mala para España, pero también para los intereses de Puigdemont que se desangra en Cataluña mientras los únicos beneficiados son Salvador Illa y Silvia Orriols. No es bueno ni para el PSOE ni para sus aliados parlamentarios, porque es pan para hoy y hambre para mañana. En cambio, a pesar del lamentable CIS de Tezanos y los activistas mediáticos al servicio del aparato propagandístico de La Moncloa, la continuidad beneficia al centro derecha.

Francisco Marhuenda.De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)