Reflexiones sobre una España en crisis

La exhumación de Franco, bendecida por la judicatura y el silencio de los obispos fue una declaración de intenciones de la izquierda

Exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos
Familiares de Francisco Franco portan el féretro con sus restos mortales tras la exhumación en el Valle de los Caídos el 23 de octubre, antes de su traslado a El PardoPool Pool

La sentencia del Tribunal Supremo que permitió al actual Gobierno disponer de los restos mortales de Francisco Franco para su exhumación, sin el consentimiento de su familia, ni del Prior que administra la basílica obliga a reflexionar sobre el momento político, legal y religioso que vive España. Se ha puesto de manifiesto con esta iniciativa gubernamental bendecida por la judicatura y el silencio obsequioso de los obispos no solo una obscena exhibición televisiva con fines electorales sino una declaración de intenciones políticas tanto del PSOE que gobierna en funciones, como de una izquierda que no sabe mirar el presente y el pasado sin rencor.

El PSOE ha adoptado la política sobre el pasado como único revulsivo ante el riesgo de dejar de ser el referente principal en el voto de la izquierda. Hacer bandera del pasado supone abdicar de la verdadera gestión política que se dirige siempre al presente y al futuro. ¿Qué ha hecho este gobierno ante el Brexit y los aranceles impuestos por EE UU? De hecho, ante una economía en permanente tensión, los retos que la globalización plantea, la crisis autonómica que protagoniza ahora Cataluña qué medidas, mensajes o iniciativas nuevas aporta este PSOE. Solo brilla, verdaderamente, la voluntad de poder de su líder actual y el intento de mantener su statu quo como fuerza hegemónica en la política española que más pronto que tarde dejará en evidencia la incapacidad y la incompetencia para gobernar, una tarea nunca fácil.

Esta política menor y sin altura del PSOE en el gobierno está erosionando el prestigio de las instituciones principales del Estado de Derecho. Los pronunciamientos del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han confirmado, de forma unánime y acríticamente, la actuación discrecional y arbitraria de este gobierno, ejemplificando un ralo ejercicio de positivismo al servicio del poder. Ambas instituciones han perdido una oportunidad única de reafirmar su independencia y dar un ejemplo de grandeza democrática. Amparar a una familia que, esencialmente, defendía el derecho de sepultar de un familiar frente a un gobierno hubiese, sin duda, reforzado el prestigio del Estado de Derecho en un momento especialmente crítico para España, poniéndolo al servicio de la defensa de derechos fundamentales por encima de los cálculos electorales y revanchistas del líder de turno.

Por último, la Iglesia española a través de sus obispos ha evidenciado un triple abandono. Abandono a tres familias: las estirpes de Mola, Sanjurjo y de los Franco que lejos de ser amparadas por sus pastores, por acción u omisión, estos abrieron la puerta del redil al lobo. Han permitido que el lugar sagrado e inviolable por excelencia, una tumba, sea objeto de disposición por el poder político. Un segundo doloroso abandono al Prior Santiago Cantera y a la comunidad de Benedictinos que ha tratado de hacer valer el derecho esencial de la Iglesia a la inviolabilidad de los lugares sagrados, uno de los puntales de la libertad religiosa que edifica nuestro ordenamiento. Abandono, por último, del ejercicio correcto de la razón evidenciado por la incapacidad de ninguno de los prelados directamente afectados por este conflicto jurídico de hacer un juicio sobre el presente de España y de esta circunstancia concreta, sin los complejos de inferioridad más propios de políticos sin convicciones. Se ha producido así una punzante triple complicidad de muchos obispos: complicidad con el poder, con una profanación que violenta la libertad religiosa y con una auténtica regresión democrática que permite al poder disponer sin límite de su fuerza frente a derechos fundamentales que parecían blindados en nuestro ordenamiento y que no es difícil augurar que ellos también serán las próximas víctimas.

Es mi condición de español, católico y abogado la que me obliga a denunciar la mezquina arbitrariedad gubernamental con fines espurios, la domesticación judicial al poder y la cobardía de unos obispos en la segura esperanza de que muchos españoles no se resignen a pensar, hablar y actuar de un modo muy distinto al descrito, por el bien de España.