Política

PP y Cs muestran a Sánchez la vía alternativa al «gobierno Frankenstein»

Unidad constitucionalista: Moncloa salva el decreto contra la república digital catalana gracias a populares y naranjas. Podemos evidencia sus diferencias con el PSOE sobre Cataluña pero se abstiene

La Diputación Permanente sirvió ayer para escenificar la debilidad de los apoyos con los que Pedro Sánchez pretende ser investido presidente. El Gobierno en funciones llevó a este órgano cuatro reales decretos para su convalidación. El que más atención despertaba era el que Moncloa aprobó coincidiendo con el arranque de la campaña electoral del 10-N para desmantelar la denominada «república digital catalana». Paradójicamente, el Ejecutivo logró salvarlo con los votos del Partido Popular y de Ciudadanos. Por contra, los partidos con los que los socialistas buscan sacar adelante la investidura votaron en contra y se abstuvieron. Empezando por ERC, la formación cuya abstención Sánchez necesita sí o sí y con la que se se reunirá hoy. Veinticuatro horas antes de esa cita clave, la representante de Esquerra dejó claro que no venderán barato su «sí»: «No habrá estabilidad política mientras no resuelvan los conflictos políticos y no abandonen la vía represiva. Están poniendo en cuestión el derecho a la libertad de expresión. Con cada recorte nos dan más motivos para desear la independencia y hacen más necesaria la república catalana». En esa misma línea crítica se expresaron los diputados de PNV, Compromís, Bildu y JxCat. Podemos, pese a estar en contra de buena parte del articulado del decreto, se abstuvo finalmente como gesto de distensión con su futuro socio de Gobierno.

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Frente a la catarata de reproches de los socios del «gobierno Frankenstein», Moncloa tuvo como salvavidas al PP y a Cs. Con esta posición, estos dos partidos mostraron al PSOE la vía alternativa con la que cuenta para ser investido y que pasa por la unidad de las fuerzas denominadas constitucionalistas. «Están ustedes a tiempo de evitar un Gobierno de pesadilla. Estamos a tiempo. Hable con las fuerzas con las que suma una mayoría cualificada, con 221 escaños, que puede salvar a este país de los que quieren romper España», aseguró el diputado de Ciudadanos Miguel Ángel Gutiérrez. Para la diputada popular Ana Belén Vázquez es una «indignidad» que tenga que ser el PP el que apoye al Gobierno socialista mientras el PSOE «negocia con quienes tienen personas en la cárcel», en alusión a la negociación con Esquerra: «Estaremos a su lado para defender la democracia, la libertad y la seguridad en Cataluña».

El apoyo del PNV, en peligro

El representante del PNV, Mikel Legarda, advirtió de que medidas como este decreto ponen en peligro el apoyo del PNV al futuro Gobierno: «O se reconduce o nuestra predisposición a colaborar con ustedes se verá comprometida». En todos los cálculos que Moncloa maneja para la investidura, cuenta con el «sí» de los seis diputados «jeztales». También el del representante de Compromís, Joan Baldoví, ahora integrado en Más País. «No lo vamos a apoyar, la calidad democrática se está viendo perjudicada por las últimas leyes, como la Ley Mordaza o la reforma del Código Penal. Este real decreto permite intervenir internet como China o Arabia Saudí», aseguró Baldoví. La abstención de Bildu también allanaría el camino de la investidura. Ayer la formación «abertzale» también fue dura con el Gobierno: «Este decreto nos sitúa en un estado de excepción digital, es un nuevo recorte de libertades y demuestra lo que es capaz de hacer el Estado para acallar la disidencia». Laura Borrás, representante de JxCat, lamentó que «un Gobierno en funciones» trate de «regular por decreto una materia muy sensible»: «Este decreto es la Ley Corcuera digital, la patada en el servidor, lo que supone un golpe de Estado digital y hace que España no tenga nada que envidiar a los regímenes autoritarios».

Gesto morado hacia Moncloa
La única buena noticia para Moncloa llegó desde las filas de Podemos. Su inicial voto en contra se transformó en una abstención. El representante de Podemos, Antón Gómez Reino, criticó algunos de los elementos del real decreto, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la intervención de internet por parte de la administración en supuestos de seguridad nacional u orden público: «Todos los recortes en Internet pueden traducirse en recortes en la calle», añadió. El diputado morado propuso varias modificaciones a la redacción del Gobierno con el objetivo de que el real decreto permita el «control judicial rápido» sobre cualquier decisión en este ámbito, la «salvaguarda para que no se vean afectados derechos y libertades fundamentales» y evite «una recentralización» en esta materia.