El amigo de Borrás temió que tras el 155 se descubrieran sus «marrones»

El amigo de Laura Borràs a quien la ahora diputada de JxCat benefició supuestamente con la adjudicación a dedo de 18 contratos entre 2013 y 2017, por un total de 259.863 euros, cuando era la presidenta de la Institución de las Letras Catalanas (ILC), temió quea consecuencia de la intervención de la Generalitat por la aplicación del artículo 155 en Cataluña se descubrieran sus «marrones». Así consta en una conversación telefónica intervenida por la Guardia Civil que la magistrada de Barcelona Silvia López Mejía incorpora a la exposición razonada que ha remitido al Tribunal Supremo (TS) para sustentar su petición de que se investigue a la ex consellera de Cultura por prevaricación, malversación, fraude administrativo y falsedad en documento mercantil. En la misma, el adjudicatario de esos contratos, Isaías Herrero, programador informático que era profesor de máster y postgrado en la Universidad de Barcelona asegura a otro de los investigados que sufría con la posibilidad de que con la intervención de los departamentos de la Generalitat «hubiera una comisión económica que comenzara a mirar, pues bueno todos los gastos y comenzaran a salir marrones, porque yo tengo una de marrones, buff».

La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de la ciudad condal –que investiga los hechos desde julio del año pasado– considera que esas adjudicaciones se fraccionaban de forma irregular para que no superaran los 18.000 euros y se enmascararon con presupuestos «comparsa», pues de los tres que se presentaban «dos como mínimo eran falsos o simulados», para aparentar que otras empresas optaban a la gestión informática de la web de la ILC. Cuando en realidad, según la juez, lo que se pretendía era «beneficiar» a Herrero pese a que así se causaba «un claro perjuicio al erario público».

El 155 está también presente en la exposición razonada cuando la magistrada da cuenta de la llamada que recibió Herrero, también en noviembre de 2017, del departamento de irregularidades del BBVA en relación a un descubierto en su cuenta, ante lo que replicó que lo solucionaría a la mayor brevedad porque estaba «pendiente de cobrar dos facturas de 18.000 euros de la Generalitat a causa de la intervención del Gobierno» por la aplicación del 155 en Cataluña.

Cuando a principios de diciembre de 2017 Borràs le comunica a Herrero que deja la institución «porque va en las listas del presidente» (el ya fugado Carles Puigdemont), la ex consellera le reprocha el incumplimiento de sus obligaciones en relación a la web de la ILC y recalca que ella «se juega mucho si no cumple con esas obligaciones».

A los investigadores les llamó especialmente la atención que el 9 de febrero de 2018 –cuando ya había cesado como directora de la ILC– Borràs le enviara por correo electrónico a Herrero «el original del oficio policial» de ese mismo día en el que se autorizaba el registro de la sede de este organismo con la finalidad de «recabar la facturación realizada por aquél».

«No pasa nada»

La instructora de la causa concluye que Borràs recibía de Herrero en su dirección de correo «presupuestos falsamente confeccionados por personas independientes y distintas a su amigo», lo que demostraría «el pleno conocimiento que tenía sobre la falsedad de los presupuestos aportados a cada uno de los expedientes».

De hecho, hace referencia a un correo del 10 de julio de 2014 en el que, tras reclamarle los conceptos de algunas facturas, Borràs asegura a su amigo que «mañana entrará todos los presupuestos para asegurar el tiro».

En otra cadena de correos, esta de julio de 2015, Herrero le cuenta a Borràs que «le ha fallado una amiga para que le hiciera la factura que tenía pendiente» pero ha encontrado una cooperativa que sí le hará esa factura, por lo que presentará un cuarto presupuesto a nombre de la misma. Al mismo tiempo le traslada sus dudas sobre «cómo Intervención actuará si ve que contratan todos los servicios a cooperativas», a lo que la presidenta de la ILC le responde que «no le parece mal el tema cooperativa» y que «no pasa nada».

En otros correos de febrero de 2013 incorporados a la exposición razonada, Herrero le explica a Borràs que al facturar el presupuesto del portal hará «las oportunas particiones de no más de 18.000 euros», lo que le obliga a hacer «facturas por todas partes». Y admite que le resulta «un poco extraño y complicado» tener que hacer «este trapi» y «embolicar» (enredar) a varias personas para que le hagan facturas, por lo que le pide «si hay otra manera de hacerlo más elegante».