¿Es posible evitar un circo cuando los nuevos diputados acaten la Constitución?

Batet permitirá a los diputados juramentos alternativos pero la Junta Electoral avisa: «Debe haber voluntad incondicionada de aceptar la Carta Magna»

La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, durante la sesión constitutiva de las nuevas Cortes Generales del pasado mes de mayo
La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, durante la sesión constitutiva de las nuevas Cortes Generales del pasado mes de mayo

Con cada nueva legislatura, llega la sesión constitutiva de las Cortes y, de rebote, la polémica en torno al acto de acatamiento de la Constitución que deben protagonizar en el primer día del curso los diputados y senadores electos. A los «sí, juro» y los «sí, prometo» se suma desde hace años una catarata de juramentos alternativos: «Por la democracia y los derechos sociales», añadió la mayoría de los diputados de Podemos el pasado mes de mayo; «por España», aseguraron los integrantes de la bancada de Vox; «con lealtad al mandato del referéndum del 1-O», reconoció el presidente de ERC, Oriol Junqueras; y el ya clásico «por imperativo legal». Esta escena volverá a repetirse con toda seguridad el próximo martes, cuando vuelva a constituirse el Congreso.

Para tratar de evitar este tipo de situaciones, el PP envió ayer una carta a Meritxell Batet en la que pide que el próximo presidente del Congreso, sea ella o no, controle las fórmulas de acatamiento de la Constitución de los diputados para evitar juramentos o promesas «humillantes». Batet, sin embargo, dejó claro también ayer que, si vuelve a ser elegida el martes, tratará los acatamientos de la Constitución de los diputados electos de la misma forma que hizo el pasado mes de mayo, pues entiende que su deber es seguir aplicando el Reglamento y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. O lo que es lo mismo, que volverá a aceptar las mismas fórmulas de acatamiento que ya permitió en mayo.

Obvia Batet en esta explicación un hecho relevante: entre la sesión constitutiva del Congreso posterior al 28-A y la que tendrá lugar el martes como resultado del 10-N, la Junta Electoral Central aprobó un acuerdo que delimita algo más este tipo de juramentos. En esa resolución, la Junta Electoral estableció que «solamente pueden reputarse válidas aquellas fórmulas que expresamente manifiesten la voluntad incondicionada de acatar la Constitución». Respondió así a la pregunta formulada por representantes de las entidades de Impulso Ciudadano y Aixeca’t Levántate en torno a la fórmula que la Associació de Municipis per la Independència promovió tras las elecciones municipales de mayo para que los cargos electos secesionistas adquiriesen su condición de concejal de la siguiente forma: «Por expresión democrática de la voluntad ciudadana, manifiesto el firme compromiso con los valores de la república catalana y declaro que continuaré trabajando en la construcción de una Cataluña políticamente libre, socialmente justa, económicamente próspera y territorialmente equilibrada».

Fuentes de la Junta Electoral reconocen a este diario que su resolución del 10 de junio insiste en el hecho de que los diputados deberán acatar la Constitución «de forma inequívoca» y, a su vez, que este acatamiento «no esté condicionado» a otra circunstancia. Ésa será la clave que establezca la diferencia entre los juramentos válidos y los que pueden verse sometidos a algún tipo de impugnación: el carácter «incondicionado» del acatamiento, tal y como determina también la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, añaden desde la JEC.

Por otra parte, fuentes parlamentarias consultadas reconocen que el único requisito que deberán cumplir los diputados electores es responder a la pregunta sobre el acatamiento de la Carta Magna «con una simple afirmativa». A partir de ahí podrán añadir coletillas o fórmulas alternativas, ya que «no existe una prohibición de representar o perseguir ideales políticos diversos de los encarnados por la Constitución, siempre que se respeten las reglas del juego democrático y el orden jurídico existente, y no se intente su transformación por medios ilegales».