Sánchez ultima el estado de alarma en su pulso a Ayuso

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso temía anoche que el presidente Pedro Sánchez anunciara con urgencia decretar el estado de alarma en la región por «la falta de medidas», según el Ministerio Sanidad, para responder a la segunda oleada de la pandemia. Poco después se confirmaba que el presidente convocaba para hoy un Consejo de Ministros extraordinario para llevarlo a cabo durante al menos 15 días. Según informa Moncloa, llegado de Argelia, Pedro Sánchez llamó a Ayuso y le dio tres opciones: o la Comunidad, en uso de sus competencias, decreta medidas idénticas de confinamiento a las tumbadas ayer por la justicia basándose en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública que sí permite la restricción de derechos fundamentales; o el Gobierno de Ayuso solicita la declaración del estado de alarma para que sea el Gobierno de España conjuntamente con la Comunidad de Madrid quien lo declare y ratifique las medidas; o directamente sería el Gobierno central quien declare el estado de alarma, sin necesidad de que se formule antes una solicitud. En una segunda conversación telefónica, la presidenta de la Comunidad contestó a Sánchez que necesita tiempo y anunciaba en Twitter una reunión hoy a primera hora «para ver alternativas. Nuestras zonas básicas estaban funcionando. Esperamos pactar una solución que beneficie a los ciudadanos y dé claridad».

Una decisión la del Gobierno de España que llegó después del revés sufrido por el Ejecutivo tras considerar el Tribunal superior de Justicia de Madrid denegar la ratificación del cierre impuesto por el «plan Illa».

El Gobierno regional anunció otra orden con limitaciones y una reunión con Sanidad para consensuar el nuevo plan. Pero la reunión se pospuso hasta hoy, y la consejería trabajó de manera unilateral en sus decisiones.

Madrid sigue secuestrada por el pulso político, judicial y sanitario entre el Gobierno de Sánchezy el Gobierno regional. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tumbó ayer la orden del Gobierno regional por la que trasladó a su legislación la instrucción del Ministerio de Sanidad para el cierre de Madrid. Esa trasposición a la legislación autonómica era necesaria para que el «plan Illa» fuera vinculante para los ciudadanos. La Consejería de Sanidad siguió la vía Illa, a sabiendas, o no, de que había muchas posibilidades de que su orden fuera tumbada por no buscar cobijo en la ley orgánica de Salud Pública del 86 y afectar a derechos fundamentales.

Éste es un debate jurídico y técnico complejísimo, en el que el bien superior de proteger la salud choca con la ley por la mala gestión política en un Estado Derecho garante de las libertades y derechos fundamentales. En la confusión, hay que aclarar que ayer no ser resolvió el recurso de la Comunidad de Madrid ante la Audiencia Nacional contra el «plan Illa». Es decir, el lío jurídico sigue abierto, con anuncio, además, de Sanidad de recurrir al Supremo la resolución «política» del TSJM. Este mismo tribunal, en la misma obligación de pronunciarse como órgano competente en actos administrativos que afectan a derechos fundamentales, sí validó los confinamientos por áreas de salud que impulsó en un primer momento el Gobierno regional.

Dentro de la complejidad, las lecturas más superficiales concluyen en atribuir una victoria política a Isabel Díaz Ayuso sobre Salvador Illa, (1-0), aunque el partido aún no ha terminado. Y la situación también alimentó la crítica contra la negativa del Gobierno de Sánchez a impulsar la reforma legal a la que se comprometió en el Congreso para evitar la inseguridad jurídica de los confinamientos, y que incluso firmó en sus acuerdos con Ciudadanos, PNV y ERC para sacar adelante el estado de alarma en sus últimas prórrogas.

El estado de alarma es el único instrumento constitucional viable y con plena seguridad jurídica para limitar los movimientos de los ciudadanos. Pero como terminó «manchado» por la pelea política, y por la necesidad de todos los partidos de apuntarse «triunfos» en su expediente, Sánchez asumió el compromiso con Ciudadanos y con las minorías de abordar esa reforma legal para poder seguir adoptando restricciones y confinamientos parciales, sin tener que pedir el estado de alarma, y con seguridad jurídica para que la política sanitaria no quedase sometida a la decisión de un juez. Sin embargo, las negligencia política, la falta de colaboración entre las administraciones y el exceso de partidismo han acabado enredando en una pelea competencial y jurídica aquellas decisiones que deberían estar sometidas únicamente al criterio de proteger la salud pública.

En este embrollo político y judicial, en el que han convertido la gestión sanitaria de Madrid, la presidenta regional pidió ayer al Ministerio pactar una nueva orden con restricciones, con medidas «sensatas, justas y ponderadas», y reclamó a los madrileños que no se vayan de puente. Es decir, que respeten el confinamiento perimetral impuesto por Sanidad, y que ella recurrió a la Audiencia Nacional. El auto del TSJM no concreta los derechos fundamentales vulnerados, pero es evidente que sí se refiere al cierre perimetral de los municipios confinados.

Después de llamar a pactar una nueva orden, la Consejería regional de Sanidad se encerró para perfilar su propio plan alternativo, que en teoría debería pactar hoy en una reunión con el Ministerio de Sanidad. Y mientras, el líder del PP, Pablo Casado, aprovechó el río revuelto para cargar contra el ministro de Sanidad, al que acusó de haber cerrado Madrid «por motivos políticos». La cuestión es que el Gobierno de su partido en Madrid asume que es necesario un plan de restricciones alternativo. «Había una motivación política y partidista y atacó a una comunidad autónoma, que ya contaba con el aval de los jueces de Madrid, lanzando un mensaje de miedo que nunca debió hacer».

Ayuso dejó, sin embargo, un claro mensaje a los madrileños para que no salgan de Madrid ni viajen en los próximos días. Este fin de semana es el puente del Pilar, y en las comunidades limítrofes temen el efecto expansivo del virus si, como ocurrió en marzo, hay una movilidad descontrolada. Desde esas comunidades limítrofes, el análisis es tajante: «Esto es un cachondeo». Castilla y León también está pendiente de que su Tribunal Superior de Justicia dictamine sobre las medidas que ha desarrollado a partir del acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud de la semana pasada, y que no fue apoyado por la mayoría de las comunidades del PP. En la ciudadanía impera la incertidumbre y la desconfianza, mientras la política sigue midiendo quién gana el pulso.