Español
El Parlamento de Baleares aprueba eliminar el catalán como requisito indispensable para trabajar en la sanidad
Poseer un título de catalán ya no será una condición obligatoria para ejercer en la sanidad pública del archipiélago con el fin de atraer a un mayor número de profesionales sanitarios
El Parlament balear ha dado el visto bueno este martes al decreto que impondrá distintas medidas urgentes en la sanidad y la educación del archipiélago, entre las que se encuentra la eliminación del antiguo requisito lingüístico de poseer un titulo oficial de catalán para poder ejercer como sanitario en el sistema público.
El documento ha sido convalidado con los apoyos de los diputados del PP, Vox y el de Sa Unió, mientras que el PSOE, Més y Podemos han votado en contra, después de que en un primer momento el pleno rechazase su tramitación en forma de proyecto de ley.
En el ámbito sanitario, el resto de medidas van dirigidas a la atracción de un mayor número de profesionales sanitarios para lo que se impondrá una regulación jurídica especial en aquellas zonas consideradas de difícil cobertura y la declaración de otras nuevas como de muy difícil cobertura.
El sistema funcionará de tal forma que los médicos que acepten ser destinados en plazas con el status de máxima dificultad para su cobertura recibirán un complemento anual que rondará los 20.000 euros anuales. Aquellas de difícil cobertura mantendrán la retribución adicional actual, que se sitúa en los 6.600 euros para los A1 y los casi 5.000 para los de categoría A2.
En lo relativo a la educación pública, se convierte en gratuito el primer ciclo de educación infantil, es decir, los primeros tres cursos en los que los alumnos tienen una edad de 0 a 3 años.
La consejera de Salud, Manuela García, ha insistido durante su defensa del texto en la sesión de este martes que la aprobación definitiva de este decreto era visto como "una responsabilidad" por un Govern que consideró en todo momento "una injusticia" que las familias baleares tuviesen que hacer frente a un coste económico para que sus hijos acudiesen al colegio durante los primeros años de vida.
"Aligeramos el peso económico injusto y priorizamos el acceso a la primera educación a colectivos en situación de riesgo pobreza y exclusión social", subrayó la consejera popular.
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