Dos años de política acertada frente a una farsa

El llamado «proceso», del que se cumplen ahora dos años, que tuvo como punto culminante la declaración de ETA de que cesaba definitivamente sus actividades, anunciada en el marco de la Conferencia Internacional de San Sebastián, a la que asistieron los tres mentores del también fracasado plan de paz irlandés (un nuevo IRA, unión de varias facciones, ha retomado el terrorismo), no fue otra cosa que una farsa de la que se pretendían beneficiar y, algunos lo han conseguido en parte, los pistoleros y algunos políticos.

Se acercaban las elecciones generales del 20-N, que el Partido Popular iba a ganar por mayoría absoluta, según todas las encuestas que quedaron confirmadas, y había que evitar esa victoria bajo la máxima de la izquierda española, que con tanto entusiasmo apoyan los partidos nacionalistas, de que la derecha no puede gobernar en España.

Era necesario, por lo tanto, un golpe de efecto, algo que pudiera entusiasmar a la opinión pública, hasta el punto de conceder a sus gestores el beneficio de los votos. Y no se les ocurrió otra cosa a socialistas y nacionalistas, aprovechando la debilidad operativa de ETA (que en poco tiempo habría quedado definitivamente vencida por la vía policial) que abrir una nueva negociación con la banda y su entramado. Se trataba, por duro que pueda parecer, un cambio de cromos: tu anuncias el final de los atentados (que no de otras cosas) y nosotros te damos la legalización de tu brazo político, además de otros asuntos relativos a los presos. La llegada de Rajoy al poder evitó que se cumplieran. Por si había alguna duda, el hoy presidente del Gobierno se desvinculó, en el mismo discurso de la sesión de investidura, de cualquier compromiso que otros pudieran haber alcanzado con los terroristas.

Los planes que sigue en la actualidad Alfredo Pérez Rubalcaba de todos contra el PP, incluidos los proetarras de Amaiur, eran los que se pretendía poner en marcha hace dos años. Que Rajoy ganara las elecciones, pero que no pudiera formar gobierno. La estrategia les salió mal porque no contaron con la inmensa sabiduría que, al final, tiene el votante español. Lo cierto es que dejaron como herencia un panorama «endiablado», que el Partido Popular, a través del Ministerio del Interior, ha sabido manejar con autoridad e inteligencia.

En estos dos años, porque a ETA la engañaron y le dijeron que Mariano Rajoy estaba al tanto de todo lo que se estaba cociendo en el «proceso», ETA ha exigido lo que considera que es suyo. No se conforma con la legalización de su brazo político y pretende negociar con el Gobierno la excarcelación de sus presos y la salida de las Fuerzas de Seguridad y de los Ejércitos del País Vasco y Navarra a cambio de un supuesto desarme, que verificarían personas designadas por los terroristas en otro capítulo de la farsa.

Durante este periodo de tiempo, los terroristas no han estado quietos. Basta con leer los informes que los representantes de la Fiscalía francesa han hecho en los últimos juicios contra etarras para comprobar que, a diferencia de lo que algunos nos quieren hacer creer en España, la banda se mantiene activa, incorpora a nuevos miembros a su entramado, roba coches, falsifica documentos y sus miembros van por ahí armados, con las pistolas y revólveres que, casualmente, sustrajeron cuando negociaban con el Gobierno socialista en 2006-2007. Otros prefieren hablar de que puede haber «escisiones». Si llegaran a producirse, que nadie se engañe, serán los mismos perros, con distintos collares y responderá a una decisión táctica y no a la realidad.

Comunicado tras comunicado, ETA ha exigido la negociación con el Gobierno bajo las exigencias antes citadas y, por lo que se deduce del último comunicado hecho público por su colectivo de presos (el EPPK, por sus siglas en euskera), mantiene un control sobre la mayoría de los reclusos. Por si había alguna duda, el referido comunicado terminaba de la siguiente manera: «Los presos vascos al País Vasco;amnistía total; autodeterminación; lo conseguiremos». No soluciones personales conforme a la legislación vigente, perdón a las víctimas, no: amnistía total y punto.

«No hay término medio. Los estados están a un lado, y el País Vasco al otro. Más que obstaculizar el camino tenemos que abrirlo. Continuaremos sin desistir luchando a favor de los derechos que nos corresponden a los presos políticos vascos y al País Vasco, abriendo caminos para compartir la lectura de la situación, obstáculos y oportunidades, pasos y actividades. EPPK está en ello», decía también la proclama.

Esto es lo que piensan los presos, pero lo que dice la banda, también su último comunicado, no es menos claro, a la vez que inquietante. Tras olvidarse olímpicamente de los mediadores internacionales, esos que iban a avalar el desarme, reivindicaba su historia criminal y la decisión de guardar armas y explosivos en su poder. Mantenía, una vez más, el esquema de bilateralidad para una negociación con los gobiernos de España y Francia.

Un análisis fácil, pero falso, vendría a concluir que estamos donde estábamos por culpa de la cerrazón de las dos partes que se tienen que sentar a dialogar y que el asunto está en tablas. Como repiten en estos días los del PNV. No es cierto.

La legalización del brazo político de ETA y su presencia en las localidades del País Vasco y Navarra nos ha devuelto a tiempos que los ciudadanos de bien creían olvidados, dada la política antiterrorista que el Gobierno socialista desarrolló tras la ruptura de las negociaciones de 2006-2007. Era, como ha quedado demostrado, sólo un paréntesis.

Firmeza del Gobierno

La firmeza del Gobierno de Mariano Rajoy, ejecutada a través del ministro Jorge Fernández Díaz, con especial mención a la última operación contra Herrira y el intento de montar de nuevo el entramado alegal de la banda, ha evitado males mayores. Pero son miles de ciudadanos que se sienten españoles o incluso nacionalistas moderados los que tienen que sufrir todos los días la presencia de «bildutarras». Cabe preguntarse que habrán pensado muchos militantes socialistas vascos al ver retratado al secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, con el dirigente de Amaiur, Mikel Errekondo, en el Congreso de los Diputados. Es, como me comentaba hace unos días una persona en San Sebastián, el «mundo al revés»: lo que ocurre es que queda claro quiénes están cada día más en la parte de arriba y quiénes en la de abajo.

En lo que no se puede caer, como insisten expertos antiterroristas, es en que estamos ante la historia interminable, que sólo puede acabar en empate o victoria de los terroristas. Se les puede ganar, como demuestran las operaciones que se han realizado a lo largo de estos dos últimos años, pero es necesario corregir los errores cometidos por algunos, no por el bien de España, sino con fines electoralistas inconfesables. La citada operación contra Herrira, a cuyos miembros se les ha imputado integración en banda terrorista, es un importante paso, al que deben seguir otros con las organizaciones del entramado hoy legalizadas.

La experiencia de estos dos años demuestra que ETA lo quiere todo, y, mal que le pese a Bildu, Amaiur y Sortu, bajo su absoluto control. En el último comunicado les indicaban hasta lo que tenían que hacer en el Parlamento vasco y qué líneas no podían traspasar. La Política antiterrorista que sigue el Gobierno de Mariano Rajoy es la correcta. A ETA le está costando entenderlo, hasta el punto de que ya hace llegar a algunos presos y militantes de su entramado el mensaje de que «hay que esperar a que gobiernen los socialistas», como han revelado a LA RAZÓN las citadas fuentes.