El juez Velasco envía a prisión a los 8 detenidos del frente de cárceles de ETA

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco pone de manifiesto en el auto que los arrestados destruyeron pruebas y tres de ellos intentaron huir.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha dictado el ingreso en prisión incondicional y sin fianza para los ocho detenidos en la operación desarrollada el pasado miércoles contra el frente de 'makos' (cárceles) de la banda terrorista ETA, han informado fuentes judiciales. Los arrestados, que se han negado a declarar, han sido interrogados durante una hora y media por el magistrado.

Los ocho integrantes del denominado 'KT' del 'frente de makos' ETA han ingresado en prisión repartidos en un total de cinco cárceles, todas ellas correspondientes a la Comunidad de Madrid.

Según han informado fuentes de la investigación, la principal detenida, Arantxa Zulueta, ha ingresado en solitario en la prisión de Estremera. En esa prisión se encuentra el histórico ex 'jefe militar' de ETA, Garikoitz Aspiazu Rubina, alias 'Txeroki'.

Zulueta coincidirá en el módulo de mujeres con otras dos internas, una de ellas es Urtza Alkorta, la colaboradora de ETA en torno a la cual simpatizantes proetarras realizaron un 'muro popular' en un puente de Ondarroa para tratar de evitar su ingreso en la cárcel. Su otra compañera será Sonia Jacinto, condenada tras ser detenida en el proceso de Bateragune junto al líder abertzale, Arnaldo Otegi en 2009.

Por su parte, Mikel Almandoz y Asier Aranguren han sido trasladados por las autoridades a la cárcel de Aranjuez. Aintzane Orkolaga y Aitziber Sagarminaga han sido conducidas a Soto del Real desde la Audiencia Nacional. Orkolaga además ha sido llevada en ambulancia al encontrarse embarazada, según han indicado a Europa Press las fuentes consultadas.

José Campo Barandiarán ha ingresado en la cárcel madrileña de a Alcalá de Henares y Jon Enparantza y Egoitz López de Lacalle en la prisión de Navalcarnero.

El magistrado ha seguido el criterio planteado por la Fiscalía que considera que los arrestados deben ser enviados a prisión ante el patente riesgo de fuga, reiteración delictiva y destrucción de pruebas que quedó patente después de que los detenidos intentaran eliminar documentos y material informático el mismo día de los arrestos tras ser alertados por el comunicado y el mensaje de Twitter remitido por error por el Ministerio del Interior media hora antes del inicio de la operación.

A Zulueta y Enparantza se les imputa desde el año 2010 una delito de integración en organización terrorista por servir de enlace entre la dirección de ETA y los presos de la banda. Ambos quedaron en libertad provisional en diciembre de ese año. La histórica abogada de la banda volvió a ser arrestada en julio de 2011 y abandonó la cárcel de nuevo en septiembre, tras abonar una fianza de 60.000 euros.

Registros

En los registros practicados en los dos despachos de los abogados en Bilbao y Hernani se han incautado octavillas con el anagrama de ETA y un comunicado de la banda terrorista preparado para su distribución a los presos. También se han recabado pruebas que apuntan a que Zulueta fue la responsable de elaborar el último comunicado del EPPK leído en un acto celebrado en un café de la localidad de Durango.

Además se han incautado una treintena de ordenadores, teléfonos móviles, 2.800 euros en efectivo y más de 40 pendrives, han informado a Europa Press fuentes de la lucha antiterrorista. Además han aprehendido discos duros, tarjetas SD, dispositivos tablet, un router e impresoras.

Todos los arrestados eran miembros permanentes del denominado 'KT' (Koordinadora Taldea) formado por personas vinculadas al Colectivo de Presos de ETA, (EPPK en sus siglas en euskera). La operación guarda una gran similitud con la llevada a cabo contra los abogados de la banda en abril de 2010 y que desarticuló el colectivo H-Alboka. Como entonces, a los arrestados el pasado miércoles se les acusa de ejercer como la correa de transmisión entre ETA y sus cárceles.

Los detenidos guardaban relación directa con la organización criminal y no sólo trasladaban sus mensajes a las prisiones sino que presionaban a los presos para que se mantuviesen fieles a las consignas de ETA, han indicado fuentes de la investigación.