El club de las ermitas fantasma que Moncloa endosó a la Iglesia

La ermita de Santa Cruz en la localidad navarra de Oloriz no existe. No hay quien la encuentre en Google Maps. Tampoco hay rastro alguno de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en Alzira. No hay ningún templo con ese nombre en la ciudad valenciana ni tampoco hay otro registro similar por allí. Tampoco existe en Cipérez, un pueblo de Salamanca, ningún templo bajo la advocación de Santiago Apóstol.

Así un suma y sigue de al menos 24 parroquias, ermitas, iglesias, fincas, solares o viviendas que se incluyen en el listado de 34.976 inmatriculaciones del Gobierno que adjudicó hace un año a la Iglesia. Son edificios o espacios fantasma que forman parte de los 2.575 errores detectados por la Conferencia Episcopal Española, en el exhaustivo análisis que han llevado a cabo los equipos designados en las 70 diócesis.

Esta semana, en la primera cumbre mantenida entre el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el presidente de los obispos, Juan José Omella, la Iglesia alertaba de la adjudicación confusa de 943 bienes que nunca se registró como propios y dejaba al descubierto lagunas significativas en la auditoría certificada por el Ministerio de Justicia. Sin embargo, desde el gabinete del presidente alguien filtró en paralelo un mensaje falso que en minutos dio por cierto: la Iglesia devolvía un millar de bienes apropiados indebidamente.

Molestos con las “fake news”

En el Episcopado se sienten manifiestamente molestos por la complicidad de Moncloa dando pábulo a esta «fake news» aireando un supuesto acuerdo que habrían logrado arrancar a los obispos. «Ni hay pacto ni hay bienes registrados de manera fraudulenta», sentencian los pastores, que se han revisado de arriba abajo cada una de las propiedades endosadas. Entre ellas, esa treintena de espacios irreales que no encontraría dron alguno, como una imaginaria ermita del Humilladero en Elijas (Cáceres) o la supuesta capilla de la Virgen de los Desamparados en la localidad turolense de Mora de Rubielos, que está completamente destruida.

¿Qué se hace con estos templos y fincas ilusorios? «Simplemente, sacarlos del listado y subsanar la incidencia. El listado no tiene más valor. Lo que tiene valor es lo que está inscrito y la Iglesia no ha registrado nada que no sea suyo por lo que no tiene que devolver nada a nadie». Con esta franqueza responde a LA RAZÓN Isabel de Salas, registradora del Registro de la Propiedad de Soria número uno, que ha seguido a pie de obra el vaivén del polémico tercer grado eclesial: «Si en un listado que no ha hecho la Iglesia han metido a la Luna o a Saturno, se saca del listado, pero la Iglesia no tiene que devolver ni la Luna ni Saturno, porque nunca ha sido suyo ni lo ha declarado como suyo».

Es más, la registradora aclara que «esta lista, que ha pasado por muchas manos», ha sido elaborada por los registradores, que se la da al Gobierno, la supervisa y la hace pública a través del Ministerio de Justicia. «Posteriormente la Iglesia la repasa, como a mí me consta, de forma concienzuda. Puedo dar fe del esfuerzo y el trabajo de la persona de la diócesis de Soria, que ha cotejado una a una las propiedades, porque ha tenido que venir al registro en muchas ocasiones. Imagínate las incidencias que pueden surgir cuando facilitas datos de unas 600 fincas, entre errores de suministro, duplicidades…».

A Isabel de Salas le han llamado especialmente la atención los gazapos referidos a las expropiaciones. Por ejemplo, la iglesia sumergida por el embalse de la Cuerda del Pozo construido en 1941 en la localidad soriana de Vinuesa. «Son obras públicas que obligaron a expropiar esos bienes. En el caso de este templo, que se puede ver cuando baja el nivel del pantano, el Estado no inscribió a su favor en su momento la expropiación cuando es suya y debería subsanarlo. Desde entonces no es de la Iglesia, ni la tiene registrada ni la quiere», apunta.

Mínimas incidencias

Desde ahí, no duda en poner en valor «la transparencia absoluta de la Iglesia, que es la primera que no quiere tener nada que no sea suyo y ha dicho: sáquemenlo del recuento y entréguenselo a la Federación de Municipios y Provincias para que publiquen en cada región estos bienes, aparezcan sus titulares y hagan lo que crean conveniente con ello».

Tampoco considera que este nuevo capítulo inmatriculador vaya a disparar la conflictividad entre los obispos, administraciones públicas y particulares. Se remite a lo sucedido en el último año, desde que se publicara el informe: las incidencias han sido mínimas. La propia Conferencia Episcopal llega a asegurar en su informe que «no se ha planteado ningún caso concreto de reclamación por parte del Estado».

«Cuando se ha dado algún problema, la Iglesia no se ha cerrado en banda, sino que ha dialogado con el ayuntamiento correspondiente y se ha visto de quién era una propiedad y se ha cedido por cualquier de las partes», explica la registradora desde su experiencia, que considera que son mínimos los casos en los que se ha llegado o se llegará a los tribunales. Además, apostilla con un recado a la clase política: «Mal que le pese a algunos, el Estado de Derecho protege a todos por igual, también a la Iglesia católica, que no goza de ningún privilegio, pero está bajo la salvaguarda de los tribunales».

En cualquier caso, la registradora lamenta que exista «una desconfianza hacia la Iglesia que no se tiene con el resto de los que utilizan la certificación de dominio», por lo que invita a que el Gobierno lleve a cabo esta misma auditoría con los Consistorios, la Diputación y el Estado. «Ninguno se ha sometido a una revisión general, pero, sin embargo, a los obispos se les ha sometido a un examen, dejando caer de antemano la sospecha de que lo habría hecho mal», comenta, convencida de que, más allá de la manipulación política del asunto, «la Iglesia sale reforzada porque ha demostrado que es una administradora pulcra de sus bienes, tal y como se ha visto obligado a reconocer el Ejecutivo».