El PSOE quiere vetar la gestión que respaldó

El acuerdo de gobierno alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos incluye en materia sanitaria tres promesas que suscitan más preguntas que respuestas. La primera es la referente a los recursos destinados al Sistema Nacional de Salud. Según el texto, la meta a lograr es el 7% del PIB en 2023. ¿Habrá dinero para ello? Ahora mismo, parece que no. Con un crecimiento económico del 1,9% este año, el propio Gobierno socialista sólo ha sido capaz de prometer a Bruselas un 5,9% del PIB para la Sanidad. ¿Podrá destinar más en 2023, cuando se prevé que el crecimiento económico sea menor? Y si lo logra, ¿qué partidas restará para lograrlo? ¿Las pensiones? ¿Las carreteras? ¿La educación? Otra incongruencia clara se produce en materia de gestión sanitaria. El acuerdo propone apostar por la “gestión pública directa” de los centros sanitarios, para lo que “se revisará la Ley 15/1997 de habilitación de nuevas fórmulas de gestión”. Para los que carezcan de memoria histórica, recordar que aquella ley fue aprobada por el PP en la época de José María Aznar, con el apoyo, curiosamente, del PSOE. ¿Significa entonces el acuerdo de investidura que el PSOE se arrepiente de haber apoyado una norma que dio pie a modelos gestores como el de Alcira, o significa que no sabía lo que aprobaba cuando lo hizo, en 1997? A día de hoy, se desconoce casi tanto como el tercer arcano: ¿Cómo piensa el Gobierno pagar la tecnología que promete incorporar al sistema?