Sanidad dejó en manos de médicos MIR los informes del coronavirus

El Gobierno no era ajeno a la peligrosidad que entrañaba el coronavirus antes de que la pandemia eclosionara en España. De hecho, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, vinculado a la Secretaría General de Sanidad y Consumo y a la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, ya esbozaba la letalidad del mismo en informes técnicos elaborados al respecto.

En ellos proporcionaba, por ejemplo, conclusiones científicas sobre la enfermedad, la información microbiológica y las características del virus, la sintomatología de los infectados, y la mortalidad provocada en los países en los que su estallido ya se había producido, como en China. Una de las grandes peculiaridades de la información elaborada y actualizada antes del día 8 de marzo –día de las concentraciones feministas jaleadas por el Gobierno y consentidas por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, coordinado por Fernando Simón Soria–, es que constaban los autores que habían participado en la elaboración. La información y su actualización, en definitiva, llevaban firma.

En la actualización del informe técnico fechado el viernes 6 de marzo, dos días antes de la algarada callejera, aparece reflejado en la segunda de las 27 páginas de las que consta que ha sido actualizado por 11 personas, y añade la firma de Agustín Portela Moreira, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad. En él se especifica que tres de ellas son médicos internos residentes de Medicina Preventiva y Salud Pública. Otros dos de los once figuran como técnicos superiores de apoyo, contratados «por Tragsatec a través de encomienda del Ministerio de Sanidad».

Fuentes sanitarias han mostrado su extrañeza ante el hecho de que el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias externalizara parte de este trabajo, teniendo en cuenta el nutrido número de epidemiólogos y otros especialistas con los que cuenta en plantilla el Ministerio de Sanidad o el Instituto de Salud Carlos III. Pero más extrañeza ha causado que, a las puertas de la que va a ser la mayor pandemia mundial en los últimos cien años, el centro que dirige Simón permitiera que tres residentes, es decir, tres médicos en formación cuyo ejercicio profesional debe estar tutelado por otro médico ya formado, participaran en la confección de un un documento tan importante.

Dichos informes sirven de guía para, por ejemplo, las comunidades autónomas, pero también son consultados por sociedades científicas y facultativos con muchos años de ejercicio. Los residentes que participaron en la actualización son Eva Fernández Bretón Angélica Ortega Torres y Adriana Román Vidal. Todos ellos de la especialidad de Medicina Preventiva y Salud Pública.

El informe del día 6 de marzo es la segunda versión de otro anterior del mes de febrero. Concretamente, fechado el día 10 de dicho mes. El texto subraya en la primera de las 20 páginas de las que consta que ha sido elaborado por un equipo de 12 expertos, con la colaboración de otros dos grupos correspondientes al Centro Nacional de Epidemiología y al Centro Nacional de Microbiología. Entre esos 12 expertos participan también dos MIR y, por tanto, aún en formación: Laura Díez Izquierdo y Lina Parra Ramírez. Ambos, también, médicos internos residentes de la rama de Medicina Preventiva y Salud Pública en ese momento. Resulta llamativo que en menos de un mes esta última pasa de ser médico en formación a convertirse en técnico de la empresa subcontratada, pues en la actualización de marzo figura ya como tal. En cualquier caso, en el proceso de elaboración del texto y de su segunda versión participaron un total de cinco residentes.

La polémica desatada por la celebración de las concentraciones feministas el 8 de marzo y el estallido definitivo de infecciones y muertes en España llevaron al Centro de Alertas a actualizar de nuevo la información confeccionada. El resultado de ello es una nueva actualización del informe, esta vez con fecha de 17 de marzo, cuando España arroja ya miles de casos y centenares de fallecidos por la epidemia. El documento consta esta vez de 26 paginas, y vuelve a incluir importantes relativos a esta enfermedad como su posible impacto en las mujeres embarazadas o el daño cardiaco agudo. Sin embargo, el texto omite un importante detalle: la información del equipo que lo ha actualizado.

Lo que aparecía recogido en las primeras páginas de las dos primeras versiones desaparece en esta última. ¿Han contribuido también a su redacción médicos residentes y técnicos de una empresa externa? Se desconoce. La omisión producida después del estallido que mantiene en situación de alerta a toda la población española, choca sin embargo con alguna normativa sanitaria. Se trata, por ejemplo, del artículo 3, punto f y del artículo 11 de la Ley General de Salud Pública. En ella se cita el principio de transparencia: «Las actuaciones de salud pública deberán ser transparentes. La información sobre las mismas deberá ser clara, sencilla y comprensible para el conjunto de los ciudadanos», añadiendo que «las administraciones públicas exigirán transparencia e imparcialidad a las organizaciones científicas y profesionales y a las personas expertas con quienes colaboren en las actuaciones de salud pública, incluidas las de formación e investigación, así como a las personas y organizaciones que reciban subvenciones o con las que celebren contratos, convenios, conciertos o cualquier acuerdo.

A estos efectos, será pública la composición de los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública, los procedimientos de selección, la declaración de intereses de los intervinientes, así como los dictámenes y docaumentos relevantes, salvo las limitaciones impuestas por la normativa vigente».