«Permitir el 8-M y otros actos fue una imprudencia con un altísimo coste»

-Su profesión es una de las más golpeadas por la falta de equipos de protección. ¿Cuántos profesionales calcula que están infectados?

–No conocemos cifras oficiales de enfermeras contagiadas en toda España porque el Ministerio no nos proporciona los datos clasificados por categorías profesionales. Nuestros expertos calculan que, al menos, el 65% de los profesionales contagiados son enfermeras, lo que supondrían 12.000. Otro problema es el de los que están en cuarentena, que el Ministerio se niega a registrar y, sin embargo, es vital conocer su número porque son recursos apartados de la asistencia y en la planificación no se puede contar con ellos.

–¿Y por qué no los clasifica el Ministerio por categorías?

–No lo puedo entender. Llevamos desde el inicio de la crisis pidiéndole al ministro que ponga en marcha un registro fiable de profesionales por categorías que incluya, no solo a los contagiados, sino también a aquellos que están en cuarentena. Sin disponer de esos datos es imposible hacer una planificación de las necesidades de personal. ¿Para qué conseguir cientos de respiradores para UCIS si no tienes enfermeras expertas ni intensivistas para atender a los pacientes en ellas?

–¿Qué le parece la intención de Sanidad de hacer trabajar a los sanitarios infectados con síntomas leves?

–No podemos tolerar ni aceptar de ninguna manera que un profesional sanitario contagiado o con cuadro clínico del Covid-19 se incorpore a su puesto sin hacerse test y sin que existan pruebas confirmadas de negatividad. Lo contrario supone un riesgo elevado para la población, los pacientes, sus compañeros e incluso para su salud. Esta medida es una temeridad y un ataque contra la salud pública y, además, nos hace sospechar que la previsión es que no se les va a poder hacer los test a todos los profesionales, ¿Acaso se reincorporaron a los siete días de haber experimentado síntomas el nutrido grupo de políticos que resultaron infectados? Para ellos sí hubo pruebas diagnósticas fiables para confirmar su positividad y en algunos supuestos hasta de forma repetida para confirmar su negatividad.

–¿Van a adoptar alguna medida ante los tribunales contra el ministro Illa?

–La situación actual es extremadamente crítica. Las autoridades sanitarias están enviando a nuestros profesionales a una lucha desigual con bolsas de basura en vez de batas impermeables y sin las mascarillas adecuadas. En la Comisión Ejecutiva hemos acordado poner en marcha todas las acciones que nuestros asesores jurídicos vean necesarias para exigir responsabilidades de todo tipo, incluyendo las penales, que pudieran existir; y si las hay, no nos va a temblar el pulso en interponer una denuncia. Los medios, entre ellos, LA RAZÓN, con importantes exclusivas, están aportando información que pone de manifiesto una falta de planificación y actuaciones muy poco coordinadas y erróneas. Se está poniendo en juego la vida de los sanitarios y de las familias con las que conviven, y eso no vamos a tolerarlo.

–¿Cree que el Ministerio de Sanidad ha hecho lo suficiente para conseguir test y equipos de protección?

–Creo que Sanidad ha reaccionado tarde y mal. Y me pesa decirlo, porque Salvador Illa es amable y dialogante, pero es más que probable que su actuación y la de su equipo en esta crisis haya costado mucho sufrimiento. En enero y febrero ya había suficientes indicios de la gravedad de la situación que se nos venía encima. Prueba de ello es que hay países que sí han hecho los deberes y contenido adecuadamente los contagios, realizando test a la población para detectar precozmente los casos asintomáticos y realizando un aislamiento eficaz de los mismos, y llevando a cabo un buen aprovisionamiento de equipos de protección y respiradores para hacer frente a la pandemia con seguridad y abordando el confinamiento mucho antes. Con todo ello han conseguido que el número de infectados, muertes y profesionales contagiados, sean muy inferiores a los nuestros. Desgraciadamente, batimos récords: tenemos la mayor cifra de sanitarios contagiados del mundo y somos uno de los países más afectados.

–¿Cómo valora que el Ministerio apenas adoptara medidas hasta pasado el 8-M?

–El Gobierno ya sabía que estábamos ante una crisis de salud pública y que había un riesgo extremadamente alto. Permitir cualquier acto masivo, no solo las manifestaciones, fue una gravísima imprudencia con un altísimo coste para la salud de los españoles, y los hechos, lamentablemente, lo han confirmado.

–¿Cómo es posible que a ustedes les pidieran cancelar la asistencia a congresos el 2 de marzo y hasta el 8 el Gobierno jaleara a acudir a las concentraciones del 8-M?

–No lo puedo entender. Alegan que estaban protegiendo a los futuros cuidadores, pero ya la cancelación de congresos de sanitarios es una medida que no habíamos visto nunca en España. Claramente se sabía que estábamos ante una crisis de salud pública sin precedentes y en estas crisis la prevención es fundamental para salvar vidas. Ya desde ese momento se debían haber adoptado las medidas de confinamiento de toda la población, las mismas que se dictaron dos semanas más tarde. Y esto ha sido un grave error, ya que la propagació de la epidemia se podría haber reducido de una forma muy considerable y haberse previsto el aprovisionamiento del material de protección necesario.

–¿Cree que el Ministerio desoyó a la OMS y a otras instancias internacionales?

–No tenemos datos suficientes, pero por las noticias que van apareciendo en medios como LA RAZÓN, que ha publicado varios documentos oficiales, todo apunta a que es más que probable que así fuera.

–¿Deberían dimitir el ministro, Fernando Simón y el resto de los altos cargos?

–No me gusta cómo se están haciendo las cosas y no tengo ninguna duda de que una vez superemos la pandemia va a ser necesario depurar muchas responsabilidades.