Coronavirus

Sanidad tardó tres semanas en ordenar prioridad para los test en residencias

La falta de pruebas impidió identificar a los residentes contagiados y aislarles del resto en los centros de mayores en la fase más aguda de la pandemia

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Las residencias de ancianos constituyen uno de los talones de Aquiles de la gestión de la crisis del coronavirus en España. Aunque su control compete, en principio, a las comunidades autónomas, no faltan voces jurídicas que argumentan que las alertas que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó a partir del mes de febrero deberían haber llevado al Gobierno y, más concretamente, al Ministerio de Sanidad, a actuar sobre ellas por razones de Salud Pública, al ser los residentes ingresados en su interior el colectivo de población más vulnerable al impacto del virus por razón de salud y edad, como se ha visto.

Algunas fuentes estiman ya que el número de fallecimientos registrados en ellas en toda España podría superar los 9.000. Sea como fuere, lo cierto es que el departamento que dirige Salvador Illa no asumió el mando único sanitario de la crisis hasta la declaración del estado de alarma, decretado por el Gobierno el pasado 13 de marzo, cuando ya había miles de infectados por coronavirus contabilizados en España. Como adelantó LA RAZÓN el pasado 10 de abril, nada más declararlo, el Gobierno reguló aspectos de la vida social como los paseos con perro, pero esperó hasta el 21, una semana después, para dictar las primeras directrices sobre estos centros en calidad de mando único. En una orden ministerial, reconoce por fin que «los mayores, las personas con discapacidad u otros usuarios de residencias y otros centros sociosanitarios se encuentran en situación de vulnerabilidad ante la infección Covid 19 por varios motivos, entre otros, que habitualmente presentan edad avanzada, patologías de base o comorbilidades, y su estrecho contacto con otras personas como son sus cuidadores y otros convivientes». Sin embargo, el Gobierno no repara hasta casi 20 días después de la declaración del estado de alarma en un hecho fundamental para poder detener las infecciones en estos centros de mayores, aislar a los contagiados y evitar o decidir derivaciones a los hospitales, en esos momentos colapsados por «pacientes Covid»: la práctica de test.

Casi dos meses después de que la OMS lanzara la primera de sus alertas y tres semanas después de decretar el estado de alarma, el departamento que dirige Salvador Illa aprueba otra orden para modificar la anterior del día 21 y establecer, al fin, nuevas iniciativas «para atender necesidades urgentes de carácter social o sanitario en el ámbito de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid 19». En su primera página, Sanidad argumenta que «debido a la situación cambiante de la crisis sanitaria, resulta necesario adoptar nuevas medidas con el fin de contribuir a la contención del Covid 19 en los centros de servicios sociales de carácter residencial». Para ello, «se dispone que se deberá priorizar la identificación e investigación epidemiológica en los casos por Covid 19 relacionados con residentes, trabajadores o visitantes de estos centros».

Aunque la orden emana del Ministerio de Sanidad, la competencia de coordinación y seguimiento de este ámbito corresponde al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, del que es titular el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Por ello, establece, a propuesta de este departamento, que «la autoridad competente de la comunidad autónoma deberá priorizar la identificación e investigación epidemiológica de los casos por Covid 19 relacionados con residentes, trabajadores o visitantes de los centros de servicios sociales con carácter residencial», añadiendo el punto que tendría que haber sido clave en la contención de la pandemia antes de que ésta llegara a estallar en España, a tenor de la información que llegaba procedente de China o Italia sobre la letalidad del virus en las personas de mayor edad. En concreto, establece que «la autoridad competente deberá priorizar la realización de pruebas diagnósticas de los residentes y del personal que presta servicio en los mismos, así como la disponibilidad de equipos de protección individual para ambos colectivos, al menos cuando en los centros residenciales se detecten residentes clasificados en los grupos c) o d) del apartado segundo» de la orden que entró en vigor el 21 de marzo, «y sin perjuicio del carácter también prioritario a estos efectos de los pacientes que se encuentran en centros sanitarios y de los profesionales que los atienden».

A pesar de esta «prioridad» que ordena dar a las pruebas de detección del virus en las residencias tres semanas después de declarar el estado de alarma, el Gobierno no da pautas para el uso de test rápidos de anticuerpos hasta tres días después, el 7 de abril: lo hace a través de una guía que lleva la rúbrica del Ministerio de Sanidad y del Instituto de Salud Carlos III. A continuación, deja claro que es el Estado el que tiene el mando sobre las residencias al permitir a las autonomías intervenirlas si es preciso «atendiendo a principios de necesidad y proporcionalidad».

La práctica de test rápidos es fundamental en residencias porque en caso de no poderse practicar, los residentes tienen que ser trasladados al hospital para someterse a una prueba PCR, lo que ralentiza la adopción de medidas fundamentales como, por ejemplo, separar a los ocupantes para evitar el contagio generalizado de la infección por coronavirus.