Inter Pharma no cuenta con aval explícito de Sanidad para vender y distribuir los test fallidos en España

Interpharma, el intermediario con el que el Ministerio de Sanidad firmó un acuerdo por un importe total de 17,143 millones de euros para el suministro de 659.000 kits de diagnóstico para el Covid 19 en plena pandemia que luego resultaron defectuosos, no figura como entidad de distribución en el catálogo de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), tal y como puede comprobarse en la página web del órgano dependiente del departamento que dirige Salvador Illa.

El hecho de no formar parte de este catálogo oficial como distribuidor farmacéutico ni aparecer tampoco en listado alguno como distribuidor de productos sanitarios equivale a decir que esta empresa catalana pero con sede en Madrid carece de un aval explícito y público de la Agencia para comercializar y distribuir dentro de España un producto sanitario encuadrado técnicamente dentro de los del grupo de diagnóstico in vitro como son los test de detección del coronavirus, según interpretan algunas fuentes del sector farmacéutico y de la distribución a LA RAZÓN. Es decir, aunque dispuso de la licencia de importación de ese producto que le concedió el Gobierno dos días después de la firma del contrato de 17,143 millones de euros, en la web de la Agencia no figura en ningún listado oficial de los que sí podrían venderlos o distribuirlos, según señalan las mismas fuentes.

Un portavoz de Inter Pharma reconoce que la empresa no está incluida en la web de la Agencia por tratarse de “un listado de mayoristas de distribución farmacéutica, cosa que Interpharma no es ni debe ser para la operación de la que habla”. Este portavoz rechaza que por el hecho de no figurar en el listado no pueda comercializar y distribuir productos sanitarios como los test si quisiera, aunque que el objeto del contrato con el Ministerio no era ese, sino sólo su importación. Afirma, además, que Interpharma cuenta con la autorización para la distribución y comercialización en todo el territorio nacional y acredita para ello una comunicación de la Dirección General de Ordenación Profesional y Regulación Sanitaria de la Generalitat de Cataluña que data del 22 de noviembre de 2018 y que expira el 22 de noviembre de 2021.

Pese a trabajar casi en exclusiva en el mercado farmacéutico, la comunicación de la Generalitat le habilitaría para la venta y distribución de productos sanitarios por diagnóstico in vitro como los test. Según la comunicación de la Generalitat, la empresa figuraría así en el registro de distribuidores de productos sanitarios para el diagnóstico in vitro ubicados en Cataluña.

La no aparición como distribuidor de productos en la web de la Agencia es una sombra más de las que rodean esta polémica operación, destapada después de que tres hospitales madrileños comprobaran que la fiabilidad de las pruebas conseguidas a través de esta empresa intermediaria de un fabricante chino llamado Bioeasy Biotechnology era tan baja, que invalidaba los resultados obtenidos.

Como ya informó ayer LA RAZÓN, el departamento que dirige Salvador Illa llegó a realizar a través del Erario Público a Interpharma un desembolso inicial de siete millones de euros que el Ministerio y la propia empresa adjudicataria de esta elección “sui generis” aseguran que han sido devueltos. El expediente está rodeado de importantes sombras, inhabituales en la política de contratación pública que ha seguido siempre el Ministerio de Sanidad. Como adelantó este periódico, dicho expediente fue tramitado directamente el pasado 16 de marzo por la directora general de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud, Patricia Lacruz, y burló dos procedimientos reglados.

El primero consiste en que no fue sometido a un análisis farmacoeconómico previo a la compra de los test por parte de un grupo evaluador integrado en su mayoría por funcionarias de carrera que gozan de una alta cualificación y de notable prestigio dentro del Ministerio, como suele ser normal. Dicho grupo no tuvo conocimiento del expediente hasta después de que se materializó la compra. El otro filtro que eludió ese expediente fue que no contó tampoco con una evaluación técnica previa de los productos que se iban a adquirir a cargo del Instituto de Salud Carlos III, que cuenta con un importante centro de virología, pese a que los test que se adquirieron estaban destinados a detectar precisamente eso, un virus. De hecho, según fuentes no oficiales del Ministerio de Sanidad, el Carlos III reprendió por escrito a la Dirección General de Farmacia por la omisión el día 20 de marzo.

Donde sí figura Interpharma es en el registro de laboratorios farmacéuticos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Paradójicamente, no lo hace en el de laboratorios fabricantes/importadores, pero sí en el de laboratorios titulares de autorización de comercialización de fármacos, categoría en la que no se encuadran los test por tratarse de productos sanitarios, no de medicamentos. Dicha licencia le permite la comercialización en países pertenecientes al espacio económico europeo, así como conservar y suministrar dichos productos.

En el registro de la Agencia figuran cinco: uno de ellos -el único- requiere de receta médica (un ácido fólico), mientras que los otros cuatro son fármacos de venta al público pero que no la requieren. Entre ellos se encuentra un anticatarral, llamado Intergrip, y otros tres con diferentes principios activos.

La compañía elegida por el Ministerio para el suministro de los test que luego resultaron fallidos sí pertenece a Farmaindustria, la patronal del sector innovador, pero no a la Asociación para el Autocuidado de la Salud (Anefp) de medicamentos sin receta.